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LA SOCIEDAD RURAL EN
ANDALUCIA
Eduardo Moyano Estrada
Instituto de Estudios Sociales de Andalucía (IESA)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Córdoba
Desde hace dos décadas, la agricultura
y el mundo rural de Andalucía vienen experimentando
importantes transformaciones en los ámbitos económico-productivo
y sociocultural. Algunas de ellas son resultado de su propio
dinamismo interno, mientras que otras han sido impulsadas
por los cambios socioeconómicos, culturales y políticos
que, a nivel más amplio, tienen lugar en nuestro entorno
europeo. Aunque tales transformaciones están en consonancia
con las tendencias que se observan en otros países,
presentan en Andalucía singularidades que deben ser
tenidas en cuenta a la hora de definir las políticas
futuras en nuestra Comunidad Autónoma (ver
Cuadro nº 1).
UNA AGRICULTURA INTEGRADA EN EL
TERRITORIO
Desde el punto de vista económico, la
agricultura continúa siendo un pilar fundamental para
el desarrollo del sector agroalimentario andaluz y un elemento
de gran importancia para el equilibrio territorial y la dinamización
de las zonas rurales de Andalucía. Las transformaciones
experimentadas por la agricultura andaluza en el terreno productivo,
con importantes aumentos de productividad, convierten al sector
agrario andaluz en un sector imprescindible para el desarrollo
de las industrias agroalimentarias. Asimismo, la amplia extensión
de la actividad agraria en el conjunto de la región
la convierten en una actividad necesaria para el mantenimiento
de un mundo rural vivo y dinámico en Andalucía.
Sin embargo, la creciente liberalización del comercio
internacional y la progresiva reducción de las tradicionales
políticas proteccionistas crean un nuevo marco de referencia
en la agricultura andaluza, obligando a los agricultores y
sus organizaciones profesionales y cooperativas a modificar
sus estrategias. A ello, se unen los cambios en las demandas
de los consumidores y las mayores exigencias en el terreno
de la calidad y seguridad de los alimentos, así como
en el de la protección del medio ambiente, cambios
que plantean a los agricultores el reto de la innovación
y la competitividad, un reto que ha de afrontarse aprovechando
las oportunidades que les ofrecen los avances experimentados
en el campo de la tecnología y las nuevas orientaciones
de la política agraria reflejadas en la Agenda 2000
europea (ver
Cuadro nº 1).
UNA SOCIEDAD RURAL DIVERSA Y PLURAL
Desde el punto de vista social, y en
consonancia con los cambios económico-productivos antes
señalados, la sociedad rural de Andalucía presenta
una profunda heterogeneidad interna, observándose en
ella formas diversas de percibir el actual proceso de cambio
y actitudes distintas ante el mismo. De todos los elementos
que caracterizan en la actualidad a la sociedad rural andaluza,
tal vez el de mayor importancia sociológica sea el
de la creciente complejidad de su estructura social. Diversos
factores, vinculados al contexto de cambios antes mencionado,
convergen para hacer de la sociedad rural andaluza una sociedad
compleja y diferenciada en la que junto a los actores tradicionales
ligados a la actividad agraria (agricultores, asalariados
agrícolas y sus distintas formas asociativas) actúan
grupos de intereses no agrarios que imprimen un nuevo dinamismo
y perciben de modo diferente los procesos de cambio en curso.
Los agricultores andaluces, entre la pasividad y la innovación
Tal como han puesto de manifiesto algunos trabajos
de investigación referidos al contexto de la UE, pero
cuyas conclusiones pueden aplicarse de un modo más
específico a Andalucía, el proceso de cambio
que experimenta la agricultura como sector de actividad y
los agricultores como grupo social, está teniendo lugar
a través de diversas rupturas (demográficas,
territoriales, ambientales, alimentarias,…) que cuestionan
con más o menos radicalidad el sistema de referencia
económico y social que les ha servido de guía
en las últimas décadas. Si bien ese proceso
de cambio crea también nuevas oportunidades, la primera
impresión es que los agricultores están inmersos
en una fuerte crisis de identidad, acompañada de una
buena dosis de incertidumbre y desconcierto. No obstante,
y aunque éste sea un sentimiento bastante generalizado
entre los agricultores, se observa que, en lo que se refiere
a Andalucía, a la hora de afrontar los problemas que
les afectan, sus respuestas no son homogéneas, sino
que suelen estar marcadas por la pluralidad, reflejando con
ello la realidad de una estructura social agraria, como la
andaluza, cada vez más compleja y diferenciada. De
ahí que el nuevo marco de oportunidades que les ofrece
el actual contexto de cambio sea percibido e interpretado
de modo diferente por los agricultores andaluces, siendo también
diferentes sus respuestas dependiendo de variables como la
posición social y económica del agricultor,
la estructura de sus explotaciones, su hábitat de residencia
o sus orientaciones productivas. Tres tipos de respuesta pueden
destacarse en los agricultores andaluces: pasiva, conservadora
y activa (o innovadora) (ver
Cuadro nº 2).
Los pequeños agricultores,
a la búsqueda de un equilibrio de rentas
De un lado, se encuentra un sector de pequeños
agricultores -formado por titulares de explotaciones familiares
poco competitivas- que han logrado un cierto equilibrio gracias
a la combinación de distintas fuentes de renta: las
que provienen de la actividad desarrollada en su explotación
agraria; las que derivan de las ayudas directas de la PAC;
las que proceden de la pluriactividad realizada por los miembros
de la familia como asalariados en la agricultura o en otros
sectores; y las que proceden de las distintas prestaciones
sociales del Estado (pensiones, subsidios de desempleo, ayudas
asistenciales,...). Para este grupo -que desempeña
un papel fundamental en el dinamismo y vitalidad de muchas
zonas rurales andaluzas y que sería condenado a la
exclusión si se aplicara sin correcciones en esas zonas
el modelo agrícola centroeuropeo-, el actual contexto
de cambio les ofrece nuevas oportunidades en la medida en
que el poder público continúe estando presente
a través de sus políticas de intervención,
ya que sin tales mecanismos de protección difícilmente
podrían reproducirse socialmente como agricultores.
Su percepción del cambio no puede decirse que sea traumática,
ya que su situación actual no es peor que la que tenían
en anteriores situaciones, donde la emigración era
su principal salida. Su actitud ante el cambio es, no obstante,
una actitud pasiva, limitándose a confiar en la continuidad
de las diversas políticas públicas (ver
de nuevo Cuadro nº 2).
Los agricultores conservadores,
en pos de las ayudas directas
De otro lado, se encuentran agricultores con
explotaciones de tamaño medio y grande, que se limitan
a seguir una estrategia conservadora de recogida de las subvenciones
públicas provenientes de la PAC, subvenciones que,
junto a los ingresos obtenidos por la venta de sus producciones
en el mercado, les ha venido garantizando su reproducción
social con el mínimo coste y sin apenas riesgo. El
carácter traumático del cambio para este grupo
radica en la perspectiva, cada vez más real y cercana,
de que tales subvenciones se recorten e incluso desaparezcan,
y en la amenaza con que viven la apertura de los mercados,
una apertura para la que no se sienten preparados. La actitud
de este grupo es una actitud conservadora, que se refleja
en el repliegue corporativista que experimenta para defender
derechos adquiridos (ver
de nuevo Cuadro nº 2).
Los agricultores emprendedores,
a favor del riesgo y la innovación
Finalmente, junto a este segundo grupo marcado
por el conservadurismo, se observa un grupo innovador de agricultores
-reclutado de los diferentes segmentos de la estructura social
agraria-, que viene introduciendo cambios importantes en sus
explotaciones. Así, encontramos agricultores que optan
por nuevas orientaciones productivas -por ejemplo, cultivos
bioenergéticos o destinados a la industria textil o
farmacológica- y que aprovechan las oportunidades que
les ofrecen las nuevas tecnologías para mejorar la
gestión de sus explotaciones. También encontramos
agricultores que desarrollan actividades no agrarias en sus
explotaciones (turismo rural, cinegética, forestación,
granjas escuela, etc) como fuentes complementarias de renta
en el marco de las nuevas políticas de desarrollo rural.
Asimismo, se observan interesantes iniciativas de agricultura
sostenible en la utilización de los recursos naturales,
ya sea con el fin de explotar de forma más equilibrada
los suelos agrícolas, o con la finalidad de utilizar
de modo más racional los insumos químicos reduciendo
los costes de producción. Este sector innovador se
muestra consciente de la complejidad de los cambios que experimenta
la agricultura y de su nueva posición -ya no hegemónica-
en las agendas públicas, respondiendo a ese contexto
con actitudes no corporativistas ni de repliegue e involución,
sino de apertura a las nuevas oportunidades que se les ofrece.
Más que protección, reclaman del sector público
información y formación para ayudarles a adaptarse
a la nueva situación de mercados abiertos, así
como incentivos para abordar proyectos de reconversión
en sus explotaciones (ver
de nuevo Cuadro nº 2).
Los asalariados agrícolas,
entre la asimilación y la reconversión
Junto a los agricultores y en estrecha relación
de dependencia con ellos, se encuentra un importante sector
de asalariados agrícolas, tradicionalmente caracterizado
por mostrar una fuerte cohesión en torno a la reivindicación
de tierras y la reforma agraria, pero que hoy presenta importantes
elementos de diferenciación interna y muestra actitudes
y respuestas diferentes respecto al nuevo contexto de cambios.
Por un lado, encontramos un tipo de respuesta orientada a
estabilizar su situación en el mercado laboral, mediante
el aprovechamiento de las oportunidades surgidas en los distintos
sectores productivos accediendo a contratos fijos o discontinuos
y asimilándose con los asalariados del régimen
general. Por otro, encontramos un segundo tipo de respuesta
tendente a aprovechar los sistemas de protección social
en los que se combinan los subsidios y los planes públicos
destinados a fomentar el empleo en las zonas rurales. Por
último, se encuentra un tercer tipo de respuesta protagonizada
por los que optan por itinerarios de emigración temporal
según la estacionalidad de las labores agrícolas,
una opción que, si bien ha sido característica
de los asalariados agrícolas andaluces, ahora está
siendo protagonizada cada vez más por los trabajadores
inmigrantes (ver
Cuadro nº 3).
La población no agraria,
entre el dinamismo y la oportunidad
Pero la población rural de Andalucía
no sólo está formada por agricultores y asalariados,
sino también por nuevos actores económicos impregnados
de una cultura empresarial diferente de la que ha guiado tradicionalmente
a los agricultores (ver
Cuadro nº 4)
Son actores económicos que o bien mantienen
una relación directa o indirecta con la agricultura
(como los empresarios y directivos de las industrias agroalimentarias,
los propietarios de talleres de maquinaria, los que trabajan
en empresas de servicios o los vendedores de fertilizantes
y pesticidas) o bien son profesionales autónomos que
se instalan en el mundo rural aprovechando las oportunidades
que les ofrece las nuevas tecnologías y los avances
en el terreno de la comunicación. Tanto en unos casos
como en otros, lo común a todos ellos es que perciben
el cambio que acontece en el mundo rural de Andalucía
con una mirada distinta de la tradicional, demandando de los
poderes públicos políticas que remuevan los
obstáculos que se oponen al aprovechamiento de las
nuevas oportunidades que el actual proceso de cambio genera.
Además de lo anterior, es cada vez mayor
la importancia que juegan en el mundo rural andaluz actores
económicos y sociales inducidos por las políticas
públicas. Por un lado, los actores ligados a los programas
de desarrollo rural, que se han erigido en nuevos líderes
locales y en un elemento de gran importancia para fomentar
y canalizar las nuevas iniciativas empresariales que surgen
al amparo de esos programas. Por otro lado, se encuentran
los actores ligados a las políticas del Estado de Bienestar
(sanidad, educación, servicios sociales), que se han
convertido en sectores dinámicos del mundo rural debido
a su cada vez mayor presencia en los pueblos andaluces.
Finalmente, la consideración de las
funciones de ocio y recreativas de los espacios rurales de
Andalucía promueve también la presencia de una
población de origen fundamentalmente urbano (residentes
en periodos de vacaciones o de fin de semana, excursionistas,
practicantes de senderismo y deportes de naturaleza,...),
que, al tiempo que recuperan antiguas tradiciones del folklore
rural, acaban imponiendo pautas de comportamiento típicas
de la cultura urbana (ver
Cuadro nº 4).
Todo este panorama refleja una sociedad rural
andaluza llena de pluralidad y en la que coexisten grupos
sociales diversos, que perciben de modo diferente el actual
proceso de cambio y que muestran actitudes también
diferentes ante el mismo. En un contexto sociocultural caracterizado
por la autosuficiencia alimentaria, por el avance de valores
postmaterialistas en la población, por la demanda de
un modelo de desarrollo sostenible, por la reafirmación
de lo local frente a la globalización y por la necesidad
de reorientar el papel del Estado del bienestar, los espacios
rurales andaluces son definidos de modo plurifuncional
Ello tiene importantes efectos sobre los principios
que han de inspirar la reforma de las políticas públicas
y más particularmente de la política agraria,
una política cuya finalidad de explotar con fines alimentarios
los recursos naturales ha sido su fuente de legitimidad. En
el nuevo contexto, la política agraria ha de buscar
una nueva legitimidad para que los agricultores puedan seguir
recibiendo recursos públicos; la generación
(o no destrucción) de empleo, la equidad en la distribución
de las ayudas, la cohesión social y territorial, la
calidad de los alimentos y su contribución a la ordenación
del territorio y la protección del medio ambiente,
son algunos elementos que emergen en los debates sobre el
futuro de las políticas agrarias y de desarrollo rural.
LA NECESIDAD DE LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS
La capacidad de los distintos grupos sociales
para acceder a los recursos ofrecidos por el nuevo marco de
oportunidades es diferente de unos a otros, dependiendo de
su posición socioeconómica y del lugar ocupado
en la estructura social. De ahí que el contenido y
orientación de las políticas públicas
destinadas a regular la sociedad rural andaluza, tenga una
importancia fundamental, ya que puede reforzar las desigualdades
ya existentes o remover los obstáculos que se oponen
al acceso de los grupos en situaciones más desfavorecidas
a los recursos disponibles. El cierre social de las mujeres
residentes en el medio rural, las dificultades de incorporación
de los jóvenes a la titularidad de las explotaciones
agrarias, la desigual posición de los pequeños
agricultores y de la población asalariada agrícola
respecto al mercado laboral, los problemas de la población
que reside en zonas de montaña o en hábitats
dispersos para acceder a servicios y equipamientos o los problemas
de endeudamiento de las explotaciones familiares modernizadas,
son situaciones que muestran cómo el aprovechamiento
de las oportunidades que ofrece el actual contexto de cambios
depende, en gran medida, de factores estructurales que deben
ser removidos por la intervención de los poderes públicos
mediante políticas regidas con criterios de equidad.
No obstante, la pluralidad de la sociedad rural
andaluza exige de los poderes públicos respuestas también
diversificadas para canalizar las diferentes demandas que
surgen de su seno, si bien esa diversificación de las
respuestas debe estar enmarcada en una visión integral
de los problemas de la agricultura y el mundo rural de Andalucía.
La responsabilidad de los poderes públicos radica en
integrar tales demandas en políticas coordinadas, que
remuevan los obstáculos que se oponen a los agricultores
y demás actores de la sociedad rural andaluza, para
permitirles aprovechar las oportunidades que se les presentan.
La agricultura y las actividades no agrarias
que se desarrollan en el mundo rural de Andalucía están
estrechamente relacionadas, existiendo una fuerte complementariedad
entre ambas y una intensa interacción entre agricultores
y no agricultores en los pueblos andaluces. Por ello, parece
conveniente que las actuaciones en materia de agricultura
se coordinen con las integradas en los programas de desarrollo
rural, de forma que ambas converjan en el objetivo final de
avanzar en la modernización de la agricultura y el
mundo rural de Andalucía. Sería una modernización
diferente a la abordada en los años sesenta y setenta:
reflexiva, en tanto que previsora de sus efectos sobre el
medio ambiente y el territorio y guiada por los nuevos paradigmas
del desarrollo sostenible y la multifuncionalidad, e incluyente,
en tanto que capaz de integrar a todos los grupos sociales
que coexisten en el mundo rural andaluz convirtiendo la pluralidad
y diversidad en su principal patrimonio.
La doble dimensión agraria y rural de
esta nueva modernización ha de plasmarse en el terreno
político impulsando desde la Consejería de Agricultura
y Pesca un doble pacto: un pacto por la modernización
y la competitividad de la agricultura (en el que las organizaciones
profesionales agrarias, las federaciones de cooperativas,
los sindicatos de asalariados y las industrias agroalimentarias
deben jugar un importante protagonismo, aunque sin exclusividad),
y otro por el desarrollo sostenible del mundo rural (en el
que el protagonismo debe corresponder a las corporaciones
locales, los grupos de desarrollo rural, el movimiento ecologista
y demás expresiones asociativas de la sociedad civil).
Es en ese contexto donde debe incluirse el
debate sobre la reforma de la PAC, sobre la desaparición
del PER y sobre la continuidad de los programas Leader y Proder.
Estas políticas son fundamentales para el bienestar
de los pueblos rurales de Andalucía: la PAC, por ser
fuente importante de ingresos para los agricultores; el PER,
por su contribución a la protección de los trabajadores
eventuales agrícolas, y los programas Leader y Proder
por su función dinamizadora de nuevas iniciativas en
el medio rural. Son tres instrumentos esenciales para, con
las debidas reformas, utilizarlos con el propósito
de asegurar el modelo de equilibrio territorial que constituye
uno de los grandes patrimonios de Andalucía. Adecuadamente
utilizados y con las reformas pertinentes pueden continuar
siendo ejes fundamentales del desarrollo si permiten favorecer
el dinamismo que hoy se observa en nuestras zonas rurales
y potenciar las iniciativas que surgen de la sociedad civil.
De lo contrario, sólo servirían para consolidar
inercias, desigualdades y actitudes conservadoras, que es
necesario erradicar de Andalucía si queremos afrontar
los retos futuros.
En definitiva, en un contexto de cambios
como el actual, marcado por la diversidad de las demandas
y la pluralidad de los intereses que confluyen en el mundo
rural andaluz, las políticas también se deben
diversificar, reformulándose las viejas políticas
agrarias orientadas exclusivamente hacia la regulación
de los mercados y emergiendo nuevas políticas orientadas
a regular las múltiples funciones de los espacios rurales.
Nuevas y viejas políticas, nuevos y viejos actores,
conviven en este periodo de transición, dándole
a la sociedad rural andaluza un dinamismo sin precedentes,
un dinamismo que ofrece una nueva estructura de oportunidades
a sus distintos grupos sociales en la Andalucía del
nuevo siglo.
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