29 de enero de 2003

Sras. y Sres. , buenos días,

Bienvenidos a todos a este acto de apertura de la jornada autonómica en Castilla y León del Libro Blanco de la Agricultura y el Desarrollo Rural.

El Ministerio decidió que la última de las jornadas se celebraría en Castilla y León, sin duda, por la relación de amistad y de estrecha colaboración que hay entre ambas Administraciones y por ello el colofón final de estas jornadas aquí en Valladolid.

Yo decir que para mí este acto supone especial satisfacción porque, y será una redundancia decir que me siento como en casa, soy de Valladolid y además me supone una alegría ver también como la que es hoy mi casa profesional que es el Ministerio de Agricultura, colabora de una forma muy constructiva con la que fue también mi casa profesional, que fue la Junta de Castilla y León y la Consejería de Agricultura, de la que sin duda guardo buenísimos recuerdos.

Y supone también para mi una oportunidad, ya que ayer regresamos de Bruselas del primer Consejo de Ministros de la UE celebrado después de que la Comisión aprobase la Reforma de la PAC y ello nos ha permitido conocer en detalle, las distintas posiciones de los EEMM ante la propuesta presentada por el Comisario.

Aunque será el Ministro quien personalmente les comentará esta tarde el sentido y alcance de estas primeras reacciones, si me gustaría poner de manifiesto tres aspectos:

• Que es una reforma de gran calado, que no es lo que estaba previsto en la Agenda 2000 y que afecta notablemente a la agricultura y ganadería de Castilla y León.
• Que condicionada por la OMC, incluso en exceso, la Comisión ha hecho una apuesta arriesgada que entendemos va a dificultar la aprobación de la propuesta según ha sido presentada al Consejo.
• Que tenemos una garantía: la capacidad negociadora y de liderazgo dentro del Consejo de Ministros de la UE de nuestro Ministro de Agricultura, tal y como ha quedado demostrado en numerosas ocasiones y más recientemente en la reforma de la PCP.

La agricultura española y castellana tiene la suerte de contar con este Ministro, que desprende a todos los que tenemos el honor de trabajar con él, la ilusión e iniciativa necesaria para defender los intereses del mundo rural español.

Y hablando de iniciativas, suya fue la de proceder a la elaboración del LB de la Agricultura y Desarrollo Rural. Una iniciativa que a la vista está, era y es una necesidad, ya que en la actualidad no existe en España un documento estratégico de referencia sobre de los grandes temas agrarios, una guía de orientación y de ajuste de cada uno de los sectores agrarios y de la agricultura en su conjunto, capaz de identificar y potenciar las especificidades y oportunidades productivas de las Comunidades Autónomas.

Cabe decir que jamás, se ha producido en España un gran debate nacional realizado desde un profundo análisis técnico, social y político, mediante una metodología participativa.

Asimismo, en un contexto de cambio de la política agraria a escala europea y mundial, parece inexcusable que el LB tienda a convertirse en una útil herramienta de diagnóstico y de diseño de futuras actuaciones políticas, capaz de adaptar nuestra realidad agraria a estos nuevos escenarios, que brevemente quiero enunciar:

• Como todos ustedes conocen, la O.M.C. ha abierto una ronda negociadora, en la que la UE se encuentra inmersa actualmente, que apuesta por un mercado cada vez más globalizado y cada vez más liberalizado, con un compromiso a largo plazo, de reducciones progresivas y sustanciales del apoyo a la protección en la agricultura. Lo cierto es que la política agraria de todos los países deberá ser modificada para atender a los compromisos internacionales tendentes a una mayor liberalización comercial.
• La ampliación de la Unión Europea (UE) a los Países de Europa Central y Oriental (PECO) tendrá, de una forma u otra, repercusiones en la Política Agraria Comunitaria y en las políticas agrarias de los distintos Estados miembros.

La actividad agraria constituye unos de los pilares básicos de la economía y la estructura social de los futuros Estados miembros: 25 millones de agricultores, 59 millones de hectáreas de superficie agraria útil y un peso porcentual de la agricultura que representa el 5,1 % del PIB y el 21,9 % de su población activa.

Se trata como vemos de un nuevo espacio europeo que aporta 100 millones de nuevos consumidores, pero también con un elevado número de agricultores dispuestos a competir en nuestro mercado interno. Todo ello deberá ser tenido en cuenta en las decisiones empresariales de los agricultores, la adhesión de nuevos países no debe considerada como una amenaza competitiva, si también no como una oportunidad de mercado.

• También nos encontramos en una etapa de cambio conceptuales en la agricultura. En la Agenda 2000 se definió un nuevo modelo de agricultura comunitaria, que plasmó de forma equilibrada las tres funciones básicas desempeñadas por la agricultura en el espacio europeo: la económica, la de ordenación y la ocupación del territorio y la de conservación del medio ambiente y del paisaje rural.

El compromiso de los agricultores en la realización de una agricultura respetuosa con el medio ambiente es uno de los elementos básicos de la actual política de desarrollo rural y de toda la Política Agraria Comunitaria. En este sentido, surgen nuevas formas de producción y nuevas herramientas: producción integrada, producción ecológica, extensificación en algunos sectores, forestación de tierras agrarias o la actual eco-condicionalidad.

Se ha iniciado también una política que promueve en el mundo la imagen de calidad de los productos europeos. Los consumidores exigen a todos los agentes que intervienen en la cadena alimentaria y a los responsables políticos garantías suficientes en cuanto a la calidad y seguridad de los alimentos.

Por tanto, la seguridad de los alimentos pasa de un contenido cuantitativo a otro más cualitativo y de seguridad en términos sanitarios y de inocuidad, y se incide más fuertemente en la política de calidad, y métodos de producción particulares, así como en la protección del bienestar de los animales.

• Estos procesos de cambio se enmarcan también:
  
  • En un proceso de cambio estructural de la agricultura española que se ha reflejado en el Censo Agrario del año 1999, están desapareciendo explotaciones pero el tamaño medio está aumentando, ello refleja que se está produciendo un proceso de concentración y aumento del tamaño de nuestras explotaciones. La superficie agraria útil en arrendamiento ha aumentado de casi cinco millones de hectáreas a siete millones de hectáreas.
  • Existe pues un debate sobre los apoyos que requieren los dos tipos de agricultura existentes en nuestro país:
  • por una lado, la agricultura que es competitiva y rentable o que puede llagar a serla (aproximadamente, un 20 % de las explotaciones pero con más 80 % de la SAU). Generalmente se identifica esta explotación con agricultores profesionales, cuya renta principal proviene de la actividad agraria.
  • y por otro, la agricultura poco competitiva, inviable económicamente (representan el 80 % de las explotaciones y el 10 % de la SAU). Se trata generalmente de una agricultura a tiempo parcial.

En un entorno internacional cambiante como el actual, este debate debe ser realizado necesariamente desde los ámbitos sectorial y territorial, conjuntamente con las CCAA y desde una óptica de Estado capaz de configurar una nueva Política Agraria Nacional. Es incoherente diseñar y hacer política agraria nacional sin las Comunidades Autónomas. Pero también es incoherente rechazar, como en ocasiones hacen algunos, una política que integre la defensa y representación de los intereses nacionales en el seno de la UE, OMC y otras organizaciones internacionales y que ordene y coordine las distintas políticas autonómicas, que planifique sectorialmente, o que diseñe planes o programas de aplicación nacional, siguiendo los principios competenciales del Estado en materia de política agraria, basados “en la ordenación general de la economía y en las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica”.

Estas dos tendencias de la agricultura española reflejan que se está produciendo una reestructuración en el medio rural. Una reestructuración que implica el necesario incremento de tamaño de las explotaciones para hacerlas más competitivas.

Sin embargo, este proceso está vinculado al cese de la actividad agraria por parte del agricultor, de edad ya avanzada, sin un relevo generacional para la misma. Este hecho está produciendo una disminución de la población activa agraria y, en consecuencia, de despoblación de los municipios rurales.

Los primeros resultados del LB sobre el estudio de las estructuras agrarias concluyen que en el próximo decenio 1999-2009, desaparecerán en España entre 400.000 y 500.000 explotaciones (entre el 25-30 % actual) y se liberarán entre 3 y 4 millones de hectáreas.

Castilla y León es la Comunidad Autónoma con menor porcentaje de titulares de explotación >= 55 años que cuentan con sucesor (12 % , aproximadamente), lo que debe implicar un esfuerzo especial para el fomento de la incorporación de jóvenes a esta actividad.

Por tanto, aunque el proceso de reestructuración sea un proceso lógico y en beneficio de la competitividad de nuestra agricultura, este proceso debe ir paralelo a un apoyo decidido a las políticas de desarrollo rural o de diversificación económica de las zonas rurales, para que los territorios sean capaces de fijar población y mantener una sociedad rural sostenible.

Una política de desarrollo rural (y comparto la opinión de mi amigo Pedro Llorente, al que felicito por su extraordinaria ponencia que tuve ocasión de leer ayer), que sea integral y coordinada, ya que el desarrollo rural no es sólo actividades que mejoran las estructuras de las explotaciones (modernización de explot, regadíos...), no es sólo las acciones de diversificación promovidas por los programas agrarios (turismo rural, artesanía...) o no es sólo la instalación de industrias agroalimentarias en el medio rural.

El desarrollo rural es un conjunto de actividades en todas las materias: vías de comunicación, sanidad, educación... y todas las anteriores. Por tanto, el LB debe reflejar y reflejará la necesidad de coordinación de acciones para que las políticas sectoriales que se apliquen sobre el medio rural se hagan de manera coordinada y sobre una programación global.

Termino.

Estoy absolutamente convencida de que estas jornadas de trabajo van a ser un éxito por la calidad de los ponentes y por el éxito de asistencia. Espero que se realicen aportaciones valiosas para enriquecer el proceso de debate abierto en la sociedad española.

Les recuerdo a todos los asistentes que el proceso participativo sigue abierto y el MAPA dispone de una página Web (www.libroblancoagricultura.com) donde está a disposición de toda la sociedad, todos los documentos de trabajo que se van aportando y elaborando en las sesiones, así como un cuestionario que puede ser contestado por cualquiera de los ciudadanos españoles. En definitiva, una página interactiva, una página abierta para completar el debate.

Quiero agradecer toda la colaboración prestada por la Consejería para la celebración de estas jornadas.

Y quiero agradecer el esfuerzo de todos los que han participado en la organización de estas jornadas (ponentes, equipo técnico, etc...), esfuerzo dedicado en beneficio de la agricultura y el desarrollo rural de España y de esta tierra tan maravillosa, Castilla y León.

Quedan inauguradas estas jornadas.