No puedo, moralmente, dejar de tocar, aunque
sea telegráficamente, el sector forestal. Este sector
ha estado aquejado de una serie de circunstancias y avatares,
inciertos y confusos, en las últimas décadas,
debería haberse constituido en una verdadera política
de Estado y debe volver al seno del sector primario de la
economía.
El experimento de adscribir los montes al
organismo competente de Medio Ambiente, tanto a escala nacional
como autonómica, no ha hecho más que confundir,
aún más si cabe, a los selvicultores y propietarios
rurales. Inscrita la producción forestal en esta
administración sufre de notorias ambigüedades
y conflictos de criterios, entre la conservación
y el aprovechamiento. Su administración ambiental,
ubica los montes alejados de un marco referencial adecuado,
al tiempo de carecer de canales de participación
fluidos en aquellas medidas que para él podrían
ser dedicadas dentro del desarrollo rural.
En el caso de Galicia, donde se genera la
mitad de la materia prima forestal maderable de España,
y donde su contribución al producto interior agrícola
es muy notable, cuya producción, además, podría
triplicarse a medio plazo con una inversión suficiente
para capitalizar sus montes, este lastre supone un problema
de gran entidad. Considerando la demanda creciente de bienes
maderables y no maderables en la U.E., la producción
forestal es una de las más diáfanas alternativas
de futuro para el medio rural gallego, donde se es altamente
competitivo. En consecuencia, el sector forestal de Galicia,
y por extensión el del resto del Estado español,
debería ser considerado como infraestructura básica
del país, al igual que lo son las de transporte,
comunicaciones.
