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Ponencias
EL DESARROLLO RURAL
EN UNA COMUNIDAD URBANA
José Sancho
Comíns
Catedrático de Análisis Geográfico Regional
Universidad de Alcalá de Henares
1.
INTRODUCCIÓN
2.
CONCLUSIÓN
3. BIBLIOGRAFÍA
1. INTRODUCCIÓN
El concepto espacio rural ha adquirido en los últimos
años un perfil novedoso. Ya no es aquel ámbito
alejado de la ciudad, dedicado a la actividad agrícola,
ganadera y forestal y poblado de pequeños y medianos
asentamientos con una fuerte dependencia urbana. "La
noción de espacio o mundo rural va más allá
de una simple delimitación geográfica; se refiere
a todo un tejido económico y social que comprende un
conjunto de actividades muy diversas" (CE, 1988).
No es, por lo tanto, el contraste con la ciudad el elemento
clave diferenciador del espacio rural, ni su vocación
productiva básica, sino la existencia en él
de una trama compleja de funciones que afecta a una población
de características diversas; se configura como un soporte
de actividad económica heterogénea a la vez
que receptor de impactos en su globalidad ambiental y patrimonio
paisajístico.
La existencia de ese "tejido económico y social",
aludida en la definición comunitaria, nos hace pensar
en una complejidad organizada. No sería deseable para
el mundo rural que el cambio hacia la plurifuncionalidad se
hubiera concretado en una mera adición de actividades
y nuevas demandas; una superposición sin criterio no
puede nunca llegar a formar un tejido, más bien desencadena
contradicciones y termina por pervertir la naturaleza del
soporte que anima y sostiene los territorios.
En el caso de la Comunidad de Madrid, aquella disociación
entre campo y ciudad que la caracterizó tradicionalmente
se ha visto sustituida por un claro fenómeno de difusión
urbana en el corazón mismo del espacio rural. Esa interpenetración
se ha producido al mismo tiempo que el espacio rural experimentaba
un cambio de gran calado no exento de crisis, contradicciones
y graves rupturas en el seno mismo del agrosistema. La vieja
relación monoespecífica de tipo productivo es
hoy cada vez más plural, integrando aspectos sociales,
ambientales, culturales y económicos.
En efecto, la implantación humana de origen urbano
en el mundo rural ha supuesto un cambio de gran significación
social; este espacio rural aparece hoy poblado por habitantes
"extraños" en un primer momento, pero que,
con cierta celeridad, buscan una identificación territorial;
al margen de la repercusión económica, parece
claro que la cercanía de este amplio sector de población
con la naturaleza y el paisaje, las costumbres y fiestas locales,
la gastronomía y los ritmos productivos agrarios termina
por crear una nueva conciencia de aprecio y respeto por todo
ese inmenso patrimonio. Es lógico que las diferencias
entre la población autóctona y los nuevos "colonos"
sean ostensibles por sus intereses, aunque también
en este aspecto se está produciendo un claro acercamiento,
manifiesto en el deseo de preservar los recursos naturales,
mantener en estado óptimo las condiciones ambientales
y paisajísticas y otorgar un creciente valor al producto
endógeno de calidad. No cabe duda, por otra parte,
que la cultura rural, manifestada en múltiples expresiones
artísticas, en su sabía lectura de los ritmos
de la naturaleza y en la acumulación de un bagaje de
usos y costumbres muy cuantioso y valioso está pasando
insensiblemente a ser participada por una población
cada vez más numerosa. Por último, no es despreciable
la revitalización económica de ese espacio rural
muy precario gracias a esta implantación humana creciente
que exige la mejora de los servicios y la creación
de nuevas infraestructuras.
Si bien es cierto que el empuje venido de fuera, notablemente
de las aglomeraciones urbanas madrileñas, ha tenido
una importancia decisiva en la actual conformación
del tejido social y económico del espacio rural madrileño,
no menos importante es el valor en sí que posee el
mismo. Dos son las notas que merecen retenerse de entrada:
la extensión superficial y su calidad. Las tierras
de cultivo, los prados y pastizales, el bosque, las láminas
de agua y las superficies de roquedo desnudo constituyen el
soporte sustancial de la CAM; en este sentido, cabe decir,
como la propia UE ha dicho respecto a su territorio, que también
el paisaje rural caracteriza en buena medida a nuestra Comunidad.
La importancia de la extensión superficial del espacio
rural se vuelve decisiva en el contexto madrileño al
servir de marco a las aglomeraciones urbanas; en manera alguna
es el reverso o la "otra cara" de la ciudad, sino
el sostén de donde proceden recursos y energía
y, en definitiva, una buena parte de la razón de ser
de la propia ciudad.
Por último, cabe señalar en esta introducción
un hecho que ha levantado algunas críticas y ha hecho
consumir una notable energía en debates políticos
y sociales. Nos referimos al aparente desequilibrio entre
la importancia del mundo rural en términos macroeconómicas
y sociales y las atenciones financieras que está recibiendo.
En la Comunidad de Madrid, como es bien sabido, la población
activa agraria es escasa, la participación del sector
agrario en la creación de la riqueza regional baja
y la creación de empleo en las actividades agrarias
lenta cuando no regresiva; sin embargo, las ayudas recibidas
y, sobre todo, los niveles de atención desde la propia
Comunidad de Madrid son considerables. Parece lógico
preguntarse si es justo el sostenimiento del desequilibrio
señalado o, por el contrario, debería procederse
a una severa revisión. Esta es una cuestión
clave y de tratamiento difícil dada la fácil
manipulación a que se presta. De momento señalemos
la cuestión y más adelante profundizaremos en
ella.
Esta ponencia está estructurada en tres apartados.
En el primero, de cariz descriptivo, se procede a un análisis
de la situación actual del mundo rural madrileño,
fijando la atención en cuatro temas clave: los recursos
humanos, la diversidad productiva, el patrimonio natural y
paisajístico y la funcionalidad económica. En
el segundo se lleva a cabo un diagnóstico estructural
en el que se señalan los grandes temas que preocupan
hoy al mundo rural de la CAM; unos lo son por los problemas
que acarrean y otros por las posibilidades que encierran de
cara al futuro. En el tercer apartado hemos puesto de relieve
el marco operativo básico que entendemos es el verdadero
soporte de la acción institucional y que, de hecho,
animan las políticas actuales de Desarrollo Rural en
esta Comunidad: componente humano, productivo y global son,
en suma, los tres pilares que lo fundamentan
1.1 Perfil actual del mundo rural
madrileño
Son numerosos los estudios realizados sobre
el espacio rural de la Comunidad de Madrid. Su perfil demográfico,
productivo y paisajístico son bien conocidos; también
lo son las características estructurales, su componente
social y el funcionamiento económico. Sólo
cabe en este breve epígrafe poner de relieve lo que
de entre todo ello resulta esencial en estos momentos; la
dinámica reciente ha sido pareja a la generalidad
de las regiones mediterráneas, singularizándose,
si cabe, por la incidencia directa que ha podido tener la
aglomeración demográfica radicada en la ciudad
de Madrid y su aureola metropolitana.
Veamos, pues, esas características esenciales que
merece la pena retener para poder hacer más tarde
un certero diagnóstico y, sobre todo, armar los instrumentos
básicos de una acción política que
sea coherente con la voluntad expresa de la Unión
Europea: "La necesidad de una agricultura más
eficiente y abierta a los mercados debe compatibilizarse,
entre otras, con las preocupaciones de los temas ambientales,
los aspectos de la calidad y de la seguridad alimentaria,
la extensificación, la ocupación y la articulación
del territorio" (Reunión Informal de Ministros
de Agricultura de la Unión Europea, Murcia, 30 de
Abril de 2002).
Puede que uno de los hechos más importantes acontecidos
en el espacio rural madrileño, y también en
el de otros territorios, sea la sangría constante,
y en algunos momentos acelerada, del recurso humano. El
tejido social se encuentra hoy extremadamente debilitado,
tanto en términos absolutos como por su cariz cualitativo;
la complejidad de los conceptos manejados para su expresión
y su constante cambio de sentido en los últimos años
añaden una cierta dificultad a la medición
objetiva del fenómeno. En todo caso, según
datos del Censo de la Población de 2001 vivían
en los municipios rurales -menores de 10.000 habitantes-
de la Comunidad de Madrid 307.625 habitantes, lo que significa
el 5,7% del total demográfico madrileño; esta
es una cifra importante que dice de la implantación
poblacional exógena en el espacio rural. Por el contrario,
la población activa agraria fue de 17.700 personas
de promedio a lo largo del año 2000, lo que equivale
a un 0,7% de la población activa total; más
de la mitad de aquella ha cumplido los 50 años y
cerca del 75% son varones, según datos de la Encuesta
de población activa del año 2000.
Un primer juicio sobre estos datos, de sobra conocidos,
nos lleva a pensar en una situación paradójica.
El campo madrileño alberga, por un lado, una significativa
parte de la población de la Comunidad que no parece
tener, sin embargo, impliación alguna con el trabajo
productivo agrario, y por otro, es extremadamente débil
la franja de población activa que sostiene la producción
agrícola, ganadera y forestal, acusando, al mismo
tiempo, un elevado grado de envejecimiento y un fuerte desequilibrio
estructural por su considerable masculinización.
Este espacio rural parece abrirse a esa multifuncionalidad
machaconamente repetida desde las instancias comunitarias
-"una agricultura competitiva y multifuncional dentro
de una estrategia global de desarrollo rural" (Agenda
2000, 2000)-, a la vez que demanda una urgente redefinición
del recurso humano al modo como B. Hervieu planteaba hace
unos años: "un oficio de síntesis en
la encrucijada de la producción (teniendo en cuenta
los mercados), de la gestión del patrimonio (tierra,
agua, paisaje que son propiedad de nuestros nietos y de
la humanidad tanto como nuestra) y de la ordenación
rural del territorio" (Hervieu, 1994).
Otro rasgo esencial en esta caracterización rápida
es la diversidad de la cubierta biofísica del suelo.
Algo más de 235.000 hectáreas están
ocupadas por las tierras labradas, lo que supone, aproximadamente,
un tercio de la superficie total de la Comunidad; los prados
y pastizales lo hacen en un 16% mientras los bosques y las
denominadas "otras superficies" (espacios edificados,
infraestructuras, roquedo desnudo, láminas de agua,
lechos fluviales, etc.) se reparten por igual el resto,
es decir, un 25% cada uno. Cultivos herbáceos con
un 83%, olivo con el 11% y viñedo con el 6% son las
grandes partidas del terrazgo labrado; el regadío
se extiende por algo más de 27.000 hectáreas,
mientras que el secano lo hace sobre unas 207.000.
Dos son los hechos que interesa poner de relieve. Por un
lado, el significativo peso del espacio no agrario y, por
otro, la diversidad de tipos de cubierta. En efecto, mientras
en el conjunto de España el espacio no agrario pesa
un 16% de la superficie geográfica total, al igual
que en comunidades vecinas como Castilla-La Mancha o Castilla
y León (MAPA, 2000), en el caso de Madrid llega al
25%; lógicamente esta cifra se explica por la importancia
del espacio construido. Por otra parte, el suelo agrario
soporta una gran diversidad de tipos de ocupación
que van desde los regadíos hortofrutícolas
a los secanos cerealistas, desde las xeroestepas a los prados
naturales húmedos y desde el bosque esclerófilo
mediterráneo a las formaciones de montaña
media con coníferas, robles y abedules. A ello se
une una carga ganadera considerable al sobrepasar las 112.000
cabezas de bovino, 180.000 de ovino, 27.000 de caprino,
48.000 de porcino y más de 1,7 millones de aves (INE,
2002).
Un total de 16.939 explotaciones agrarias, según
el Censo Agrario de 1999, animan ese espacio rural, manteniendo
un promedio de 32,1 ha de superficie total por explotación
y de 22,2 ha de considerar tan sólo la superficie
agraria útil; son requeridas 8.172 unidades de trabajo
año de los que el 60% proceden del ámbito
familiar (INE, 2002).
Este perfil territorial y estructural esconde un bagaje
patrimonial de enorme valor. El paisaje en su diversidad
es manifestación de los distintos agrosistemas: vegas
regadas, secanos leñosos y herbáceos, aprovechamientos
ganaderos y forestales. La ubicación y traza del
asentamiento humano, el dibujo parcelario, la red caminera
y de vías pecuarias añade una impronta decisivamente
antrópica que hoy se estima en mucho. En suma, la
Comunidad de Madrid ve transformado en recurso de globalidad
su propio entorno rural. Ya no es la producción vegetal,
animal o forestal la que imprime sentido exclusivo al espacio
rural, sino su condición de soporte patrimonial,
amortiguador ambiental y benefactor social. Hace más
de quince años la Comisión Europea clamaba
en su libro verde por este giro: "La necesidad de mantener
un tejido social en las regiones rurales, conservar el medio
natural y salvaguardar el paisaje creado a lo largo de dos
milenios de agricultura son motivos determinantes en la
elección que la sociedad hace a favor de una Europa
Verde que, al mismo tiempo que protege el empleo en la agricultura
sirva los intereses a largo plazo de todos los ciudadanos
europeos" (Comisión, 1985).
En el seno mismo del espacio rural, y como manifestación
de ese interés por la conservación medioambiental,
la Comunidad de Madrid ha apostado fuertemente por aplicar
diversas figuras de protección que contribuyan a
la buena gestión territorial. La propia Comunidad
estima que al menos un 46% de su territorio "alberga
poblaciones florísticas o faunísticas y paisajes
de enorme valor por su rareza, calidad o fragilidad"
(Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Reigonal,
1999). Un total de 81.199 ha alcanzan los Espacios Naturales
Protegidos bajo figuras de protección derivadas de
la legislación nacional; desde la legislación
autonómica quedan afectadas 96.664 ha (89.491 ha
en Montes de Utilidad Pública, 5.469 ha en embalses
y 1.704 ha en humedales); por último, al amparo de
las Directivas comunitarias (Conservación de Aves
Silvestres y Hábitat) se han definido siete Zonas
de Especial protección de Aves (ZEPAs) y siete Lugares
de Importancia Comunitaria (LICs), estos últimos
con una extensión de 318.471 ha (39,7% del territorio
de la Comunidad de Madrid). Esta es una manifestación
clara del importante papel que tiene el espacio rural en
una comunidad de fuerte presencia urbana.
Por último, no se puede relegar a un segundo plano
la contribución de la financiación con fondos
públicos al sostenimiento de las explotaciones agrarias
y el fomento de actividades, dotación de servicios
y mejora de infraestructuras en el espacio rural. Resulta
complejo hacer un cómputo preciso de las aportaciones
efectuadas por las distintas administraciones, así
como medir la incidencia real en el mundo rural de una variada
gama de acciones, cercanas unas al Desarrollo Rural en su
amplio sentido y un tanto alejadas otras, aunque siempre
con efectos indirectos de orden positivo. Valgan unas pinceladas
sueltas para tener, al menos, una aproximación.
En la campaña 2000-2001, según informa la
propia Comunidad de Madrid, el Servicio de Financiación
Agraria de la Dirección General de Agricultura, "como
responsable de la gestión de fondos aportados en
su totalidad por la Unión Europea a las rentas de
los sectores productivos agrarios de Madrid, realizó
pagos a más de 12.500 beneficiarios con un importe
medio superior a los 3.000€/beneficiario" (Dirección
General de Agricultura, 2002). En esa misma campaña
se dedicaron más de 2,6 millones de euros a inversiones
en el campo del desarrollo rural. El Plan Regional de Inversiones
para el Desarrollo Agrario 2000-2006 prevé actuaciones
en diversas medidas para la potenciación del desarrollo
rural que alcanzarán una inversión pública
total de 48.624.343 euros; con ello se desea alcanzar el
cumplimiento de una serie de objetivos: "promover el
desarrollo endógeno de las zonas rurales, fomentando
las iniciativas locales de desarrollo, continuando la política
de apoyo a los proyectos innovadores en estas áreas
como motores de su desarrollo; potenciar la diversificación
de la actividad económica hacia otros sectores además
del agrario, con gran posibilidad de desarrollo dado el
mercado potencial que para determinados productos o servicios
representa el núcleo urbano de la capital; mejorar
aquellas infraestructuras y equipamientos que resultan básicos
para el desarrollo de las zonas rurales y que aumentarán
la calidad de vida de la población local; establecer
estructuras económicas y productivas que sean capaces
de fijar población y pongan freno a la tendencia
detectada desde hace años en muchas zonas rurales,
a un progresivo despoblamiento" (Consejería
de Medio Ambiente, 2000); a ello habría que añadir
un total de 15,2 millones de euros de sendos programas de
"infraestructuras agrarias y regadíos y uso
y gestión de las vías pecuarias" que
se consideran también propios a las acciones de desarrollo
rural.
Las cifras arriba referidas son bien elocuentes del interés
institucional por atender el sostenimiento de las rentas
agrarias de los agricultores y ganaderos de la Comunidad
de Madrid y fomentar paquetes integrados de desarrollo rural
en su territorio. Sin embargo, no han sido pocas las ocasiones
en que los poderes públicos y la propia sociedad
han reflexionado en alto sobre las razones profundas que
pueden justificar el montante financiero aplicado al mundo
rural; expresiones como "utilización del rigor
indispensable" (Comisión, 1988) o "el gasto
puede ser más eficaz y controlarse mejor" (Comisión,
2000) son una muestra de la preocupación existente.
En resumen, puede resultar llamativo en una primera percepción
el desequilibrio entre el número de beneficiarios
(0,7 de la población activa) y la propia riqueza
generada por el sector (0,1 del PIB) y el peso de las ayudas,
aunque una perspectiva global de la que emanen beneficios
para la sociedad entera y para el medio entorno rural como
sostén del entorno natural, histórico y paisajístico
es el verdadero valedor de esta opción.
1.2. Diagnóstico estructural
A la luz de los hechos referidos en el anterior
epígrafe y de otras informaciones no explicitadas
en esta ponencia podemos entresacar las líneas maestras
de un buen diagnóstico que guíe el modo de
operar en el futuro. Se trata, por lo tanto, de desvelar
en qué nos podemos apoyar, qué flaquezas necesitan
mayor atención, qué signos preocupantes precisan
ser mitigados y qué nuevos horizontes parecen abrirse
en un espacio rural como el madrileño, fuerte y lleno
de incertidumbre y esperanza al mismo tiempo. Esta labor
no resulta fácil pues necesariamente tiene que abocar
a un panel sintético en el que pueden no estar todas
y cada uno de los temas que integran hoy la sintomatología
de una coyuntura rural compleja. La Comunidad de Madrid
ha diseñado un Programa de Desarrollo Rural (2000-2006)
en el que se efectúa un análisis exhaustivo
de la situación presente y se muestra un diagnóstico
muy detallado para cada uno de los sectores de actividad;
también se ofrece una estrategia priorizada por ejes
y objetivos. Sería redundante y ocioso intentar ahora
resumir lo dicho en el Programa; el diagnóstico realizado
se apoya más bien en las cuestiones clave que, a
nuestro entender, dan vida y están en las entrañas
del devenir actual del mundo rural madrileño.
| El mundo rural
de la Comunidad de Madrid se muestra extremadamente
débil en sus recursos humanos, tanto en términos
cuantitativos como cualitativos y estructurales. Por
otro lado, una paradoja parece haberse instalado en
el propio meollo del funcionamiento del mundo rural:
lo que nunca desea un agricultor -vivir bajo el paraguas
de la protección financiera- se convierte en
necesidad |
Tres son las cuestiones más
preocupantes que inciden en el espacio rural de la Comunidad
de Madrid: la debilidad del tejido social, la todavía
insuficiente integración de la población urbana
residente y la excesiva dependencia financiera de las explotaciones
agrarias. En efecto, la reposición generacional en
el mundo rural madrileño no está asegurada;
son escasos los agricultores con dedicación principal
a la vez que ostentan un grado de envejecimiento elevado.
Las nuevas incorporaciones no son suficientes para reequilibrar
una sangría que en las últimas décadas
se ha llevado generaciones enteras de jóvenes a la
ciudad. Mención especial merece la escasa presencia
de la mujer en ese tejido social enfermizo; ella abandonó
más decididamente el campo hasta provocar una auténtica
desestructuración demográfica. Envejecimiento,
masculinización y precariedad poblacional son, por
lo tanto, tres cuestiones clave que vuelven extremadamente
débil el recurso humano agrario. Por otro lado, no
es ya tan sólo una cuestión cuantitativa sino,
y sobre todo, de profundo calado cualitativo; la debilidad
está en la progresiva merma de iniciativa, en la
escasa energía para poder afrontar nuevos retos y
en un interés por la formación que como cabe
esperar va languideciendo con el tiempo. Además,
cabe recordar que a ese tejido social en precario se le
exige hoy un cambio de gran envergadura: su redefinición
funcional. Ello implica, a nuestro entender, un acrecentamiento
de su debilidad al quedar manifiesta la desproporción
entre lo exigido en el nuevo marco del desarrollo rural
y la propia condición carente de la fuerza suficiente.
No cabe duda, pues, sobre la primera de las cuestiones clave
de un certero diagnóstico: El mundo rural de la Comunidad
de Madrid se muestra extremadamente débil en sus
recursos humanos, tanto en términos cuantitativos
como cualitativos y estructurales.
El juicio que acabamos de emitir podría parecer exagerado
de considerar la totalidad de la presencia humana en el
espacio rural madrileño. Es bien conocida la importancia
de la población residente, aunque de clara condición
urbana por su función. Estimamos que el grado de
integración de la misma en el espacio que habita
es insuficiente; de ella no cabe esperar incorporaciones
a la actividad agraria, ni tampoco una plena identificación
con los problemas, intereses e inquietudes de la población
agraria. Por el momento, más bien se percibe un notable
desconocimiento por parte de esa población residente
de los temas candentes que afectan al mundo rural; tan sólo
parece detectarse un cierto aprecio por los valores patrimoniales
(naturaleza, paisaje y cultura rural). En la Comunidad de
Madrid este hecho resulta decisivo dada la importancia numérica
de esta población residente y su impacto en el espacio
rural; no resulta extraño, por lo tanto, que lo señalemos
como cuestión relevante en este diagnóstico:
la población residente en el espacio rural tiene
un grado de integración insuficiente con el territorio
que habita.
Por último, un tercer aspecto problemático
que, a nuestro entender, acrecienta la debilidad del espacio
rural es la excesiva dependencia financiera de las explotaciones
agrarias. Esta es una cuestión que ha provocado en
la Europa Verde tensos debates; la Comisión Europea
viene pregonando desde hace más de veinte años
que la carga financiera para el sostenimiento de las explotaciones
agrarias se ha vuelto insoportable. Las tres grandes reformas
de la PAC (1988, 1992 y 2000) no han podido hasta ahora
enderezar un problema que ya es consustancial a las estructuras
productivas.
Sabemos que es excesiva la participación de la ayuda
comunitaria en las rentas agrarias (oscila entre el 40 y
60%); también se sabe que la sociedad en su conjunto
ha manifestado sus dudas sobre la legitimidad de esta aportación
presupuestaria; por otra parte, la presión exterior
desde los postulados actuales de la globalización
no hace más que incrementarse para que se tomen medidas
de desprotección. Todo ello engendra una sensación
de acoso a un organismo ya de por sí débil.
Este hecho debe retenerse como sustancial en un diagnóstico
justo.
Nos parece que, en efecto, los niveles de protección
son elevados, pero, al mismo tiempo, debe reseñarse
que sin ellos la viabilidad económica de las explotaciones
agrarias es nula. ¿Es de justicia hacer lo posible
para preservar un espacio rural vivo?, ¿es necesario
mantener activo un paisaje que manifiesta la acumulación
histórica de más de 2.000 años de agricultura
en Europa? Nos parece que la opción es unívoca:
la conservación y el sostenimiento del mundo rural
son cuestiones prioritarias. La protección puede
que haya contribuido a pervertir el "normal funcionamiento"
de la actividad agraria, pero no hubo alternativa. La debilidad
proviene, en primer lugar, de la propia dinámica
que en términos generales ha caracterizado al mundo
rural al margen de las políticas de cariz proteccionista:
Éxodo rural, escaso prestigio social del agricultor,
deterioro de renta, difícil acceso a servicios, etc.
Al mismo tiempo, la sociedad se ha sentido sangrada por
las derivaciones presupuestarias hacia el mundo rural que
estima excesivas, a la vez que reconoce su incapacidad para
contenerlas o reducirlas. Una paradoja, en suma, parece
haberse instalado en el propio meollo del funcionamiento
del mundo rural: lo que nunca desea un agricultor -vivir
bajo el paraguas de la protección financiera- se
convierte en necesidad. Esta es también una cuestión
clave que merecerá la atención debida y que
precisará de fuertes dosis de sensatez para hacer
que en manera alguna cualquier decisión precipitada
debilite todavía más al campo.
| La dinámica
reciente instaurada en el mundo rural, en general, y
muy particularmente en la Comunidad de Madrid, lleva
aparejada una sería amenaza para el mantenimiento
en buen estado del conjunto del territorio, su paisaje
y toda la herencia histórica acumulada. El avance
del espacio construido, al margen de la pérdida
absoluta de territorio rural, se ha realizado en términos
cualitativos no siempre de modo sensato, desvelándose
entonces como una amenaza más que como un enriquecimiento
funcional |
Todo lo anterior ha engendrado una
doble amenaza: pérdida del patrimonio rural y aparición
de usos no sostenibles en el espacio rural. En efecto, los
agrosistemas vigentes durante milenios dieron vida a un
territorio hasta transformarlo en un paisaje rural que ha
acumulado un patrionio ingente. El propio paisaje se comporta
como un libro abierto donde se pueden leer los avatares
humanos, la sucesión de decisiones que la comunidad
rural fue adoptando a lo largo del tiempo, la riqueza de
costumbres, sistemas de uso y ordenanzas que rigieron la
íntima relación del hombre con el territorio,
las crisis y rupturas vividas por una indebida exigencia
a los propios recursos naturales, las manifestaciones de
sostenibilidad que mantuvieron durante decenios en sensata
producción extensos terrazgos, etc. La coyuntura
actual puede provocar un colapso de la herencia recibida
al no tener la fortaleza social suficiente y dejar las puertas
abiertas a la deconstrucción; la desaparición
de la presencia activa de las comunidades rurales hace languidecer
un paisaje tradicionalmente articulado, muy humanizado y
casi siempre en sintonía con las posibilidades del
medio; en su lugar, el avance de la naturalización,
a primera vista agradecida por la sociedad, no siempre pude
ser calificada de positiva (ahí están los
nuevos riesgos: incendios, erosión, etc.).
El agrosistema vigente ha bipolarizado el territorio, abandonando
unos espacios y exigiendo desmesuradamente a otros. Ello
comporta la instauración en el seno del propio mundo
rural de usos no sostenibles; las pérdidas de valores
culturales en una buena parte del territorio, su repentina
desaparición y el afianzamiento de una aplicación
tecnológica desmedida en los mejores reductos ha
llevado a desestructurar un paisaje antaño equilibrado.
Unida a los impactos señalados en el propio paisaje
está la amenaza de perder un inmenso bagaje cultural
que va desde las manifestaciones artísticas al sostenimiento
del hábitat y la pervivencia de los valores gastronómicos,
artesanales y folclóricos.
No parece desmesurado señalar, por lo tanto, que
la dinámica reciente instaurada en el mundo rural,
en general, y muy particularmente en la Comunidad de Madrid,
lleva aparejada una sería amenaza para el mantenimiento
en buen estado del conjunto del territorio, su paisaje y
toda la herencia histórica acumulada.
No resulta extraño, por lo tanto, preguntarse si
el viraje funcional que desde hace más de treinta
años está experimentado el mundo rural madrileño
representa una nueva amenaza. Es bien conocido que las funciones
residencial, recreativa y ambiental han tomado un protagonismo
relevante en detrimento de la función productiva
tradicional. Este avance o implantación de la denominada
plurifuncionalidad no siempre se ha producido de manera
acorde con las propias condiciones del medio; unas veces
las rururbanizciones han supuesto rupturas ostensibles con
la arquitectura tradiconal, en otras las vías de
comunicación y demás infraestructuras han
alterado gravemente el funcionamiento de ecosistemas naturales,
en no pocas ocasiones las exigencias de instalaciones de
ocio, recreo y deporte han supuesto serios handicaps para
la preservación de determinados recursos. En suma,
el avance del espacio construido, al margen de la pérdida
absoluta de territorio rural, se ha realizado en términos
cualitativos no siempre de modo sensato, desvelándose
entonces como una amenaza más que como un enriquecimiento
funcional; por otra parte, el tradicional papel de equilibrio
ambiental que siempre realizó el espacio rural en
su conjunto frente al urbano, se ha querido trasladar sutilmente
a reductos bien acotados, los Espacios Naturales Protegidos,
no tomando en consideración el valor de globalidad
que es inherente al mundo rural.
Cabe, por tanto, señalar esta fuerza exógena
-la penetración ya ostensible del mundo urbano en
el rural- como una amenaza siempre y cuando no se efectúe
con el debido respeto y coherencia con el medio. Es del
todo exigible al residente un conocimiento básico
de los resortes fundamentales de ese mundo rural en sus
facetas productiva, natural e histórico-cultural.
En el caso de la Comunidad de madrid el fenómeno
alcanza un nivel de gran significación cuantitativa,
como ya hemos visto, y merece la pena llamar la atención
sobre su condición de amenaza para la saludable vigencia
del espacio rural.
| El espacio
rural madrileño se siente fuerte por su extensión
y seguro por la abundancia del recurso tierra que administra.
Además se concitan en él una gran diversidad
ambiental y una apreciable acumulación histórica
que pueden hacer posible la satisfacción de la
demanda actual en productos de calidad, de áreas
residenciales bien encastadas en el medio y del disfrute
de unos recursos naturales, patrimoniales y paisajísticos
de valor estimable |
Todas estas fragilidades que acabamos de
señalar se dan en un soporte que esconde, al mismo
tiempo, una gran fortaleza. Se trata, en primer lugar, hablando
metafóricamente, de un cuerpo grande. El espacio
rural ocupa una notable extensión, el 80% de la Comunidad
de Madrid; esto, de por sí, ya es un valor. La pérdida
de territorio rural a favor del espacio construido, aun
siendo muy importante en términos cuantitativos y
cualitativos, no ha supuesto un daño irreparable.
La capacidad de acogida del espacio rural madrileño
es muy grande precisamente por la enorme reserva que detenta.
Dicho de otra manera, el espacio rural madrileño
se siente fuerte por su extensión y seguro por la
abundancia del recurso tierra que administra. Este es un
valor que deberá manejarse con prudencia para no
caer en situaciones desgraciadas como antes hemos señalado.
En segundo lugar, la Comunidad de Madrid cuenta con un espacio
rural diverso ambientalmente, bien cohesionado ecológicamente
y de alto valor cualitativo. Su situación geográfica
entre el Sistema Central y el fondo del valle del Tajo hace
posible una transición bioclimática de enorme
interés plasmada en una gran heterogeneidad de ecosistemas
y agrosistemas. Desde las xeroestepas del Sureste hasta
los hayedos, pinares microtérmicos y pastizales de
altura se distingue una variadísima gama de formaciones
y asociaciones vegetales; desde las huertas, olivares y
viñedos en las riberas del Tajo, hasta los prados
húmedos serranos otra gran diversidad de cultivos
se escalona. Todo ello parece, además, estar fuertemente
cohesionado, adosándose los terrazgos no al modo
de compartimentos estancos, sino de bien entrelazadas piezas
hasta constituir un mosaico que adquiere sentido de globalidad.
La complementariedad ecológica, el equilibrio funcional
y una fuerte cohesión subyacen a esa diversidad aludida.
No cabe duda que la condición de punto fuerte del
espacio rural madrileño está basada en esa
riqueza ambiental, productiva y, al fin, paisajística.
Además, las aglomeraciones urbanas asentadas en ese
soporte encuentran, en buena parte, su explicación
en ella; la propia ciudad de Madrid, la aureola urbana meridional,
los ejes construidos del Henares y aquellos que acompañan
a las radiales de comunicación no son un hecho azonal,
nacido al margen del contexto ambiental y agrario; más
bien, toman prestados recursos y potencialidades que el
propio medio les ofrece.
Insistamos, por tanto, que ese cuerpo aparentemente exhausto
tiene escondidas y manifiestas unas fuerzas incontestables:
su propia extensión y una calidad elevada. En el
espacio rural madrileño se concitan una gran diversidad
ambiental y una apreciable acumulación histórica
que pueden hacer posible la satisfacción de la demanda
actual en productos de calidad, de áreas residenciales
bien encastadas en el medio y del disfrute de unos recursos
naturales, patrimoniales y paisajísticos de valor
estimable.
| La existencia
a las mismas puertas del espacio rural madrileño
de un inmenso mercado que exige una calidad elevada
en los productos que consume hará incentivar
adecuadas técnicas productivas que en manera
alguna mermen la bondad natural de aquellos; por otro
lado, el nuevo marco del desarrollo rural postula apoyos
financieros a políticas que tengan como fundamento
lo que la Comunidad rural madrileña intenta hacer
suyo en los últimos lustros: fuerte participación
social en el diseño y gestión de su propio
desarrollo, clara opción por los productos de
calidad, presencia de un filtro ambiental a sus propias
acciones, interés por la preservación
del patrimonio y fomento de la diversificación
económica |
Por último, dos son las circunstancias
favorables que se presentan en la actualidad en el territorio
rural de la Comunidad de Madrid: su estrecha relación
con las aglomeraciones urbanas, cada vez más consumidoras
de productos de calidad (alimenticios, ambientales, paisajísticos,
etc.) de su entorno inmediato, y el nuevo marco de desarrollo
rural incentivador de acciones encaminadas al sostenimiento
global del espacio rural. Estas dos circunstancias deben
se aprovechadas al máximo y, de este modo, propiciar
la puesta al día de las potencialidades antes señaladas.
La existencia de populosas aglomeraciones urbanas en la
Comunidad de Madrid y la misma penetración residencial
en su espacio rural las hemos contemplado como una amenaza
si la relación establecida entre la ciudad y el ámbito
rural es equivocada y perturbadora del equilibrio deseado
(conservación paisajística, mantenimiento
del recurso natural y humano, impulso de la vitalidad económica
y el bienestar social, etc.). No obstante, esa misma circunstancia
se puede volver enormemente positiva si se encauza con la
debida sensatez.
En efecto, la existencia a las mismas puertas del espacio
rural madrileño de un inmenso mercado que exige una
calidad elevada en los productos que consume hará
incentivar adecuadas técnicas productivas que en
manera alguna mermen su bondad natural; por otro lado, el
nuevo marco del desarrollo rural postula apoyos financieros
a políticas que tengan como fundamento lo que la
Comunidad rural madrileña intenta hacer suyo en los
últimos lustros: fuerte participación social
en el diseño y gestión de su propio desarrollo,
clara opción por los productos de calidad, presencia
de un filtro ambiental a sus propias acciones, interés
por la preservación del patrimonio y fomento de la
diversificación económica. Esto enlaza con
líneas ecológicas de producción, con
el establecimiento de garantías en la valorización
de productos locales y, en suma, con una buena planificación
que incluya serios postulados ambientales. La gama de consumo
por parte de esa población urbana es muy extensa:
territorio, producción vegetal y animal, naturaleza,
recreación, deporte, etc. Todos estos aspectos confluyen
en un mismo espacio, el rural, que ya no puede por más
tiempo disociar lo que la propia sociedad le pide de manera
integrada.
La segunda circunstancia alentadora para ese espacio rural
madrileño es el nuevo marco del Desarrollo Rural.
Los postulados que sostienen hoy la acción política
en el desarrollo rural son bien diferentes a los que estuvieron
vigentes durante décadas. Parece haberse abierto
una vía de acuerdo entre la propia realidad y la
acción institucional; hoy la participación
social en el diseño y gestión de las políticas
rurales es un hecho, el filtro ambiental es ineludible,
la canalización de la demanda de productos de calidad
es clara y la perspectiva integrada preside cualquier iniciativa.
Todo ello es acorde con el abandono del productivismo y
la adopción por parte de la sociedad de una postura
a la vez comprensiva y exigente hacia el mundo rural; de
él espera una oferta de calidad y un extremado cuidado
en la preservación del recurso natural, histórico
y paisajístico.
El nuevo horizonte dibujado por la Agenda 2000 afianza las
medidas de desarrollo rural en detrimento del productivismo
agrario. No resultará fácil el tránsito,
pero se ve como necesario. El espacio rural madrileño,
dadas sus circunstancias, se verá alentado por este
viraje que favorece y consolida una tendencia ya perfilada
desde hace unos años.
El diagnóstico realizado aboca necesariamente a unas
acciones institucionales y a la promoción de políticas
concretas. No conviene, sin embargo, precipitar los hechos.
La reflexión debe preceder a la acción; por
eso, estimamos necesario rememorar los componentes básicos
que soportan las acciones políticas; estas deben
engarzarse siempre a un fundamento seguro, derivando entonces
solidez en la decisión, beneficio máximo para
las comunidades afectadas e impactos saludables en los recursos
utilizados.
1.3. Marco operativo básico
para el desarrollo rural de en la Comunidad de Madrid
En este epígrafe no se trata de concretar
un panel de acciones que estimamos es competencia exclusiva
de técnicos, políticos y población
implicada y que, por otra parte, está ya programado
en el plan regional de inversiones de la propia Comunidad
y en estudios muy detallados al respecto (Agudo, MA y Flores,
P, 2002). Nos parece más conveniente ahora señalar
cuáles son las líneas estratégicas
básicas o, si se quiere, las ideas madre que deben
imbuir, y que de hecho animan, cada una de las acciones
que se tomen en aras de la mejora y sostenimiento del mundo
rural madrileño. Estos fundamentos deben participar,
y participan sustancialmente, la política de desarrollo
rural de la Comunidad de Madrid; o lo que es lo mismo, los
agentes de desarrollo encontrarán siempre como referente
el triple componente básico que señalamos
a continuación, pues entendemos que en él
se encierra la razón de ser irrenunciable de cualquier
medida.
En efecto, tres son, a nuestro entender, las cuestiones
clave: revitalización del componente humano, mejora
y adaptación del componente productivo y sostenimiento
del recurso natural y paisajístico. Cualquier acción
emprendida en el campo del desarrollo rural debe responder
afirmativamente a la siguiente pregunta: ¿Atiende
a la mejora de cada uno de los tres componentes señalados?.
No podrán ser, por lo tanto, medidas de horizonte
estrecho, de cariz sectorial a muy corto plazo o monoespecíficas
sin respuesta ante la globalidad del panel señalado.
Este se comportará como filtro excluyente de todo
aquello que no tenga, en definitiva, la garantía
de incidir positivamente en los tres pilares que entendemos
representan el meollo esencial de cualquier acción
a desarrollar en el espacio rural madrileño.
- El componente humano
El espacio rural madrileño,
como el español y europeo en su conjunto, necesitan,
en primer lugar, reforzar su componente humano, también
en términos cuantitativos. El éxodo rural
ha sido masivo, acelerado y devastador. No queremos decir
que no fuera necesario, y hasta deseable, la disminución
de activos agrarios, pero el ritmo alcanzado y la situación
dejada ha incidido muy negativamente en el espacio rural
como ya se ha señalado en epígrafes anteriores.
En la actualidad se precisa, de nuevo, una fuerte inyección
de habitantes en el campo con un decidido compromiso de
reactivar la vida social y económica endógena.
El desarrollo, en suma, también es cuestión
de cantidad; y así deben plantearse las acciones.
Política de inmigración y asentamientos
de neorrurales deben propiciarse necesariamente.
En segundo lugar, esta misma línea de acción
sobre el componente humano debe tender a su mejora estructural.
Rejuvenecimiento y desmasculinazión son dos aspectos
clave que tienen que primar en la acción repobladora.
Se trata no sólo de acoger a una población
residente de jubilados -cosa que podrá ser muy
conveniente-, sino de buscar el engrosamiento de los sectores
bajos de la pirámide y, sobre todo, de reequilibrar
el peso excesivo que ahora ostenta la población
masculina. Sólo así se podrán conseguir
las metas demandadas desde la situación actual:
seguridad en la reposición generacional y fidelización
del asentamiento.
Por último, el componente humano debe poseer un
grado de formación que ha adecuado a las exigencias
actuales. Esta es una cuestión muy importante;
no sólo se trata de introducir nueva población,
sino de buscar en ella el perfil idóneo por sus
cualidades. La formación previa y permanente no
deberá descuidarse; la redefinición del
agricultor presupone una atención constante en
temas de formación técnica y humana que
redunden en el buen hacer de cara a la obtención
de productos de calidad y al mantenimiento del patrimonio
natural y cultural.
- El componente productivo
El segundo fundamento básico para
la acción del desarrollo rural es el componente
productivo. Una saludable vida económica es irrenunciable
para la comunidad rural; sin la existencia de las explotaciones
agrarias en pleno vigor cualquier planteamiento se vuelve
utópico e inoperante. Tres son las cuestiones que
deben presidir la toma de decisiones en el orden productivo:
reequilibrio económico, diversificación
funcional y calidad. La Comunidad de Madrid subraya de
modo manifiesto este supuesto en su acción política
para con el mundo rural (Comunidad de Madrid, 2000).
En efecto, hoy por hoy no es posible proceder a un desarme
unilateral de las ayudas económicas que hasta ahora
recibe el campo. Sería injusto introducir mayor
dureza en el tratamiento económico de la producción
agraria sin que les preceda un acuerdo social que asegure
la persistencia de la actividad productiva. La cuestión
es muy problemática, pero se vuelve decisiva en
un medio extremadamente frágil como el rural. En
manera alguna se podrán articular medidas que mermen
las rentas agrarias pues redundaría en un agravamiento
severo de la situación ya de por sí difícil.
El nivel de renta del agricultor debe mantenerse equiparable
al de otros sectores sociales, asegurando, por otro lado,
un idéntico acceso a los servicios. Dejamos constancia,
pues, de la necesidad de buscar acuerdos entre la población
implicada y los poderes públicos para que los ajustes
que deban hacerse en manera alguna pongan en peligro la
supervivencia de las explotaciones agrarias.
La diversificación funcional está en las
entrañas mismas de la actual política de
desarrollo rural. Puede que por esta vía se completen
rentas agrarias, no sin un elevado sacrificio por parte
del agricultor que deberá atender a un plan formativo
permanente que le haga polivalente en su función.
Ya no se tratará tan sólo de "sumar"
coherentemente activos de diversa actividad económica
(turística, ambiental, agraria, artesanal,...),
sino también de concentrar en una misma explotación
la variedad de funciones.
Una tercera cuestión o sello que debe acompañar
a cualquier actividad productiva es el de la calidad.
La población en general, y muy particularmente
la residente en las grandes aglomeraciones urbanas, es
en la actualidad muy sensible a la calidad de productos
y servicios; ha sido una constante en los informes de
la Comisión Europea desde hace más de veinte
años subrayar la prioridad en la calidad en todo
lo referente al mundo rural frente al interés productivista
que imperó en los primeros 20 años de Política
Agrícola Común. Parecen, por tanto, confluir
los intereses sociales e institucionales en una misma
línea: exigencia de una mejora cualitativa. Esta
idea queda reforzada cuando se contempla el fenómeno
globalizador actual al que desde el mundo rural europeo
sólo se podrá responder por vía de
la calidad y valorización de los propios recursos
endógenos.
- Componente global
Las acciones que se programen en cualquiera
de las direcciones señaladas en los dos componentes
anteriores deben guardar como esencial su carácter
integrador. La incidencia de cualquier medida siempre
será polifacética; es decir, directa o indirectamente
son afectados aspectos sociales, productivos y ambientales
cuando se actúa, por ejemplo, sobre el turismo
rural, la delimitación de espacios naturales protegidos
o el fomento del cultivo de leguminosas. Siempre debe
hacerse la previsión de impactos correspondiente,
procurando un máximo beneficio por el organismo
rural en su conjunto.
Merecen la pena señalarse de manera específica,
dos tipos de actuaciones de claro cariz global: las encaminadas
a la mejora del desarrollo humano de la comunidad rural
y aquellas tendentes al fomento de la conservación
del patrimonio rural. En efecto, conseguir los máximos
niveles de desarrollo humano es objetivo de obligado cumplimiento;
no sólo se trata de elevar y mantener el bienestar,
cosa de por sí justa, sino de implicar toda la
gama de facetas materiales, sociales y culturales que
integran los modos de vida. Al mismo tiempo que se procura
la mejora de las rentas y el equitativo acceso a los servicios
no deberán descuidarse aspectos fundamentales de
formación humana permanente para esas comunidades
rurales; estas deben ser auténticas sociedades
llenas de vigor que hacen y harán posible el despliegue
de toda su energía en iniciativas saludables en
el campo productivo y de concienciación de su propio
patrimonio. Esta perspectiva global hará que no
se descuiden, por lo tanto, aspectos como la formación
humana, no siempre considerada como esencial, y que ahora
toma relevante protagonismo.
Por último, esa misma perspectiva global incide
de modo muy positivo en el interés por conservar
el medio rural. En él coinciden altos valores naturales,
un bagaje histórico de gran valor y, en definitiva,
un paisaje que de por sí resume magistralmente
lo acaecido a lo largo de la historia y su imbricación
con el recurso natural. No conviene que la política
rural se cebe en medidas sectoriales a muy corto plazo,
ni que se conforme con alcanzar objetivos particulares
en cualquiera de los componentes anteriormente señalados.
Deberán articularse también medidas concretas
para el fomento de este componente global cuya vida es
indisociable de las anteriores.
La Comunidad de Madrid ha emprendido ya acciones institucionales
y participativas que se encaminan a dar solidez al triple
componente señalado. Cuenta con recursos naturales
diversos y de gran calidad, su paisaje rural tiene un
fuerte poder de atracción para importantes contingentes
demográficos de origen urbano, la producción
agraria va entrando de modo progresivo por caminos de
calidad y la política agraria se orienta decididamente
por los nuevos postulados del desarrollo rural; una cierta
coherencia parece intuirse, en suma, entre las necesidades
manifiestas y los deseos de vitalización, promoción
socioeconómica y sostenimiento global de un espacio
rural muy revalorizado en los últimos años.
2. CONCLUSIÓN
En las páginas precedentes se
ha procedido al análisis, diagnóstico y prognosis
general del mundo rural madrileño. No se trata ahora
de resumir lo dicho, ni de llevar a cabo una ajustada síntesis
de las ideas más relevantes insertas en nuestra disertación.
Más bien deseamos tan sólo llamar la atención
sobre los hechos que, a nuestro entender, son claves y, por
tanto, abren y cierran cualquier debate sobre la situación
del espacio rural de la Comunidad de Madrid; son como referentes
permanentes en la reflexión y, sobre todo, soporte
ineludible de la mesa en que se toman decisiones, se gestiona
la política rural y se ingenian nuevas alternativas.
En primer lugar, cabe subrayar la importancia cuantitativa
del espacio rural madrileño. No se trata, en manera
alguna, de un rincón olvidado en los aledaños
de la gran aglomeración urbana madrileña. La
Comunidad de Madrid también está caracterizada
por su paisaje rural; los habitantes urbanos cada vez lo aprecian
más, lo conocen mejor y buscan arraigo en el mismo.
El interés por su sostenimiento en vivo no es tan sólo
una cuestión unilateral de agricultores y ganaderos
sino del conjunto de la sociedad.
En segundo lugar, se trata de un espacio rural heterogéneo
y dotado de un valor cualitativo considerable. Espacios naturales
protegidos de relevante interés, una producción
que busca cada día mayor calidad y un paisaje con altos
valores patrimoniales son características sólidamente
manifiestas. Su debilidad -despoblamiento, excesiva dependencia
financiera y pérdida de patrimonio rural- concita la
preocupación social y política y motiva el desarrollo
de un complejo paquete de medidas reparadoras.
Por último, la población activa rural constituye
el elemento sustancial de cualquier intento de mejora de ese
espacio. El componente humano se desvela como decisivo y las
líneas de acción son bien claras: aumento de
activos, rejuvenecimiento, mayor presencia de la mujer y una
incesante formación técnica y humana. Sería
deseable el establecimiento de un contrato social mediante
el que se especificaran compromisos mutuos entre ese mundo
rural cambiante y atosigado por la urgencia de la nueva apertura
funcional y el conjunto de la sociedad que financia y pide
la satisfacción de una demanda diversa de base cualitativa
y ambiental.
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