Valencia, 26 de noviembre de 2002

Ilmo. Sr. D. Manuel Lamela Fernández. Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación

Buenos días a todos. En primer lugar, quiero pedir disculpas por la voz, que espero no perder a lo largo de la intervención y que tendrán en ese sentido evidentemente la suerte todos ustedes de que ésta sea más breve para evitar que se produzca ese acontecimiento. En todo caso, quiero comenzar esta intervención en la inauguración de esta jornada, en primer lugar, dispensando la no asistencia del Ministro, como hubiese sido su gusto y como tenía previsto inicialmente, por su participación en la Cumbre Franco-Española que se está celebrando en la ciudad de Málaga.

Creo que, dentro de lo que son las jornadas del Libro Blanco y dentro de lo que es el Libro Blanco, de lo primero que tenemos que ser conscientes es de que estamos hablando de unos trabajos referidos nada más ni nada menos que a un sector económico que es un sector estratégico dentro de lo que es la economía nacional tanto desde el punto de vista, insisto, de su estructura económica como desde el punto de vista del tejido social que subyace detrás de él, y, por lo tanto, de la importancia que tiene ese tejido social desde la perspectiva de abordar políticas activas en aras de su futuro.

En más de una ocasión hemos asistido a la crítica por parte de determinadas organizaciones o asociaciones de los trabajos del Libro Blanco, oyendo una frase a mi juicio evidentemente fácil de realizar y es que “El Libro Blanco es un libro en blanco”, y yo quiero comenzar esta intervención precisamente desde ese planteamiento o desde esa reflexión. Yo creo que ese planteamiento o esa reflexión es realizada nada más ni nada menos por todos aquellos a los que les sorprende el que no se parta de modelos impuestos, de soluciones preconcebidas, de objetivos predefinidos y de políticas ajenas a la realidad del medio en donde pretenden aplicarse. Y todo eso evidentemente no son en modo alguno los objetivos de la Administración del Estado ni del Ministerio de Agricultura ni del Gobierno.

El Gobierno apuesta por analizar, en primer lugar, los problemas del sector agroalimentario español, del sector primario y de la industria agroalimentaria y del desarrollo rural en el marco de un amplio debate sectorial, no sólo con los interlocutores sectoriales sino con la sociedad civil en su conjunto y por lo tanto con todos y cada uno de los que tengan algo que decir en relación con el presente y el futuro de este sector. Y, en segundo lugar, pretende desde ese amplio debate y desde esas amplias reflexiones extraer consecuencias, extraer diagnósticos de situación, y desde esos diagnósticos, apostar por la elaboración y el diseño de nuevas políticas activas y de nuevos marcos jurídicos que permitan el desarrollo de esas políticas. Pero evidentemente la búsqueda de nuevos modelos y nuevas soluciones requiere el compromiso de todo el sector agroalimentario español. Flaco favor haría una administración o varias administraciones y flaco favor haría un gobierno que hiciera un responsable público si entendiese que la solución a un problema pasa por la imposición de una solución porque es evidente que esa solución en el corto o en el medio o en el largo plazo estaría simplemente abocada al fracaso y por lo tanto estaría muy lejos y muy distante de conseguir los objetivos que pretendemos, que no son sino un sector estable, un sector competitivo, un sector con un tejido social y económico capaz de afrontar los enormes y difíciles retos que se le avecinan con una estabilidad evidentemente en el tiempo.

Por lo tanto, desde ese punto de vista creo que merece la pena reiterar que desde la enorme dificultad que significa abordar un debate de esta envergadura por parte del Ministerio de Agricultura, desde esa enorme dificultad que es objetiva, asumimos ese reto sabiendo que nunca antes en la historia de España se ha planteado, es decir, nunca antes en la historia de España ningún gobierno de ningún signo político se ha planteado hacer un diagnóstico de toda la realidad de un sector. Y creemos que es el momento de hacerlo por diversos motivos, en primer lugar, porque estamos a las puertas de casi llegar a la culminación de un ambicioso proceso de liberalización de los mercados que está transformando de manera importante la estructura de la comercialización, de la distribución evidentemente y de la producción del sector primario y la industria agroalimentaria. En segundo lugar, porque estamos en las puertas de una nueva conformación de la Unión Europea, con una ampliación evidentemente de nuevos países en el seno de la Unión, con lo que eso conlleva no sólo desde el punto de vista presupuestario sino desde el punto de vista de nuevos mercados, de nuevos consumidores y, por tanto, de nuevas expectativas y de nuevas posibilidades en el seno de la propia Unión. Y porque estamos ahora mismo evidentemente enmarcados en nuestras actuaciones por un régimen jurídico, por un conjunto de normas que en alguna medida han sido adaptadas más o menos forzadamente a la realidad del Estado español, a la estructura competencial derivada de la Constitución de 1978, pero que desde luego requieren un esfuerzo de reconsideración, de análisis, de reforma evidentemente para adecuarlo a la actual realidad de nuestro territorio, a la actual realidad de nuestras comunidades autónomas y, en definitiva, a las distintas políticas activas que a pie de obra en el territorio aplican las administraciones competentes que son las comunidades autónomas.

Creemos además que siendo imprescindible, y subrayo lo de imprescindible, el que siga existiendo una política de ayudas procedentes de la Unión Europea en determinados sectores productivos estratégicos para mantener el territorio, para mantener la producción y para, en definitiva, tener una garantía de renta digna y suficiente para nuestros agricultores y ganaderos, tenemos que ser conscientes de que el Estado, y en este caso el Estado español, tiene que saber agotar todo el margen competencial que la propia Unión Europea le da no sólo para desarrollar esas políticas comunitarias en el seno del propio Estado sino para estrujar, y perdonadme la expresión, al máximo su margen de competencias en las políticas nacionales que, complementarias a las de la Unión Europea, pueden permitir y de hecho van a permitir y van a ayudar a que estos sectores sean cada vez más competitivos.

Tenemos que ser capaces de abordar reformas estructurales importantes en el régimen jurídico de nuestras explotaciones agrarias y ganaderas, en el régimen mercantil de nuestras explotaciones en el ámbito empresarial, tenemos que ser capaces de abordar la gestión empresarial de nuestras explotaciones agrícolas y ganaderas y utilizar criterios de gestión empresarial en esas explotaciones, y tenemos que ser capaces también de establecer un capítulo propio, nacional, de incentivos, de apoyos económicos, de regímenes fiscales adecuados evidentemente a lo que es la realidad de nuestros sectores que complementen y ayuden a las políticas activas derivadas de la Unión Europea y por lo tanto ayuden a ese objetivo común de conseguir un sector cada día más competitivo y más estable.

Y para eso creo que tenemos importantes activos. Tenemos, de una parte, un tejido evidentemente socioeconómico de nuestras explotaciones, que requiere en algunos casos reordenación, que requiere redimensionamiento, pero que no puede ser ajeno a la realidad en una buena parte del territorio español de la explotación familiar como germen y como razón de ser evidentemente de nuestro tejido agroindustrial. Y, en segundo lugar, tenemos un segundo factor igualmente importante que es el factor humano; tenemos un enorme potencial humano que tenemos la obligación todos, primero, de congratularnos de tenerlo, y, segundo, de explotarlo, y explotarlo desde el punto de vista de garantizar su permanencia en el medio rural haciendo un medio rural cada vez más atractivo, más diversificado y más competitivo. En segundo lugar, tenemos la obligación de cuidar ese factor humano garantizando el mantenimiento de nuestros jóvenes y la incorporación de nuestros jóvenes a la titularidad de las explotaciones, titularidad que insisto tiene que abordarse desde criterios de gestión empresarial y por tanto con un esfuerzo suplementario en la política de formación, y desde luego también desde la realidad del equilibrio en términos de igualdad de la mujer y de los jóvenes en la explotación y la gerencia de nuestras explotaciones.

Hoy, como decía al principio, hay grandes retos. Tenemos retos en materia de seguridad alimentaria; tenemos que ser conscientes de que nuestros consumidores cada día demandan más y con más razón los máximos estándares en materia de seguridad alimentaria. En segundo lugar, tenemos que seguir manteniendo viva una apuesta permanente por la calidad de nuestros productos. Tenemos que apostar por la mejora de nuestras estructuras de comercialización, y aquí abro un paréntesis para decir que una buena parte de los problemas que tienen muchos de nuestros subsectores dentro del sector agroalimentario se circunscriben a unas deficientes estructuras comercializadoras de los productos. Y tenemos que, como decía antes, apostar por la modernización y la vertebración de los sectores. Incido en la segunda de las cuestiones, en la vertebración. Un sector vertebrado es un sector con capacidad de interlocución, con capacidad de análisis de sus problemas, con capacidad de planteamiento de esos problemas ante las administraciones competentes y, en definitiva, con capacidad también para abordar esas soluciones y garantizar el buen fin de las mismas, por lo tanto, también tenemos que apostar por esa vertebración y tenemos que apostar porque sea una realidad cuanto antes. Y no tenemos que tener miedo a las políticas de liberalización de mercados, y no tenemos que tener miedo a las políticas de ampliación de la Unión Europea, porque tenemos la capacidad teórica y real de ser competitivos dentro de ese escenario de liberalización y dentro de ese escenario de ampliación.

Hace no mucho tiempo, en la última cumbre de la Unión Europea, cuando se planteaban incertidumbres reales sobre escenarios financieros, incluso en el año 2006 como consecuencia de la revisión intermedia de la Política Agrícola Comunitaria, España y el resto de los países actuales de la Unión Europea obtenían una garantía adicional que para muchos no ha sido a mi juicio valorada suficientemente en términos de la importancia que tiene. Es decir, no sólo está garantizado el escenario financiero aprobado en la Cumbre de Berlín hasta el año 2006, que hasta hace poco tiempo estaba incluso en duda, sino que tenemos garantizados los fondos suficientes para el desarrollo de la Política Agrícola Comunitaria a los actuales países de la Unión Europea hasta el año 2013.

El año 2013 está aquí, a la vuelta de la esquina, y de esto tenemos que ser todos conscientes, es decir, el año 2013 no está tan lejos como la gente se piensa, y por lo tanto creo que tenemos el tiempo suficiente para, sin perder el tiempo, ser capaces de afrontar a partir de 2013 cualquier escenario que se nos pueda plantear por parte de la nueva Unión Europea y de las nuevas estructuras de poder que se constituyan y gobiernen la Unión Europea. Y tenemos además que ser capaces de todas estas políticas encardinarlas necesariamente en un amplio espectro que es el del desarrollo rural. Más del 80% del territorio español y de la población española se encuentra en el medio rural y por lo tanto todas las políticas tienen que pasar realmente por plantear un medio rural lo suficientemente atractivo, como decía antes, para garantizar el sostenimiento y el mantenimiento de la población y evitar la desertificación de importantes zonas en la geografía española, y desde luego para conseguir que la industria agroalimentaria sea el motor del sector primario y que esa ubicación y esa residenciación se encardine precisamente en los objetivos de mantenimiento de población y por tanto en los objetivos sociales.

Todo esto por tanto exige objetivos claros, políticas activas solidarias, exige un esfuerzo por la optimización de los recursos públicos, y exige indudablemente una estructura comercializadora competitiva y estable, una estructura que sea capaz de evitar los dientes de sierra, las oscilaciones en los distintos sectores que no llevan sino, como muy bien sabéis todos vosotros, a crisis cíclicas, crisis periódicas que generan inestabilidad en el sector y por tanto dificultan su desarrollo y su mantenimiento.

El Libro Blanco aborda todo esto y mucho más. Aborda, de una parte, los problemas sectoriales en el marco de las jornadas nacionales, y desde luego quiere descender a los problemas territoriales en el territorio a través de las jornadas autonómicas. De ahí la importancia de celebrar jornadas en todas y cada una de las Comunidades Autónomas, de analizar en todas y cada una de las Comunidades Autónomas con los representantes de los sectores, con los interlocutores, con los que vivís a pie de obra los problemas del día a día de vuestras explotaciones, de vuestra agricultura y de vuestra industria, de conocer vuestras sensibilidades, y de trasladar esas sensibilidades, esos problemas y esos planteamientos al texto definitivo del Libro Blanco.

Por lo tanto, creo que es importante que sepáis que la jornada de hoy no es el fin del capítulo de Valencia en el Libro Blanco, o del capítulo de la industria agroalimentaria valenciana y del sector primario valenciano en el Libro Blanco, es simplemente el inicio de los trabajos de esta parte que tienen que complementarse con vuestras aportaciones de hoy y de los próximos días, con vuestras valoraciones y con vuestras sugerencias.

Estamos, como muy bien ha dicho Francisco Quintana, en una Comunidad Autónoma especialmente importante desde el punto de vista de su producción agroalimentaria, que a lo largo de los últimos años ha hecho un esfuerzo inmenso por su modernización y por su vertebración y por la vertebración de sectores, y que eso la ha colocado en una situación dentro del contexto nacional, preeminente o desde luego en todo caso yo creo que muy evolucionada en relación con otros sectores y con otros tejidos sociales agrarios de otras partes del territorio nacional. Estamos hablando de una producción final agraria que ha crecido en 2001 en torno al 17%, lo cual es una cifra importante; estamos hablando, como muy bien se ha dicho, de una industria agroalimentaria que tiene un peso específico en Valencia muy importante, tan importante que casi el 10% de la industria valenciana, el 10% del empleo en la industria valenciana es el sector agroalimentario, es de la industria agroalimentaria, y que casi el 12% de las ventas netas de la industria valenciana son del sector agroalimentario, la industria agroalimentaria valenciana. Hay más de 2.500 empresas agroalimentarias en esta Comunidad Autónoma, hay más de 35.000 pequeñas y medianas empresas agroalimentarias a nivel de España, y también en este ámbito tenemos que apostar por una mayor competitividad de esta industria a través de una política de concentración y de redimensionamiento de las industrias para hacerlas cada día más competitivas y más fuertes en los mercados.

En definitiva, todo esto y mucho más lo van a ver ustedes a lo largo de la jornada del día de hoy que es una jornada densa, de importantes contenidos. Llamo especialmente la atención hacia la mesa redonda, la importancia de la mesa redonda en donde van a intervenir los distintos sectores a través de sus representantes. Y con todo esto quiero reiterar un compromiso, el compromiso del Ministerio de Agricultura, de la Administración del Estado y del Gobierno en no sólo ya elaborar el Libro Blanco sino en apostar por extraer las consecuencias del Libro Blanco en textos normativos cuanto antes.

Dos textos normativos fundamentalmente. Uno de ellos que sea una Ley Básica de la Agricultura y el Desarrollo Rural, que sea una norma que vertebre las relaciones entre las Administraciones Agrarias del territorio español y que cree los cauces permanentes de interlocución y de relación entre las Administraciones Agrarias y la Administración General del Estado, y que sea capaz de coordinar evidentemente una Política Agrícola Nacional imprescindible para garantizar la solidaridad territorial, el equilibrio territorial y la no discriminación de los agricultores y de los ganaderos por razón del territorio en donde tengan sus explotaciones, con el celo absoluto, con el respeto a las competencias de todas y cada una de las administraciones territoriales y de todas y cada una de las Comunidades Autónomas. Una norma básica en definitiva que, en más de una ocasión suelo decirlo no sé si correctamente pero así lo pienso, constituya o se forme o se erija en una auténtica constitución del sector agrario español y que evidentemente siente las pautas de entendimiento futuro de lo que es evidentemente el sector agroalimentario en España.

Y una segunda norma que renueve en profundidad el régimen jurídico actual, el marco jurídico en el que el sector agroalimentario hoy desarrolla sus actividades en términos de modernidad, en términos de eliminación de corsés, de cortapisas, de limitaciones que dificultan evidentemente ese desarrollo, en términos de fijación de políticas de incentivos para la creación de riqueza, de empleo, de mano de obra estable, para la fijación de la población en el territorio, para la modernización evidentemente de los sistemas fiscales de transmisiones y de sucesiones en las explotaciones agrarias, liberalizando y facilitando la transmisión de la explotación de padres a hijos, y, en definitiva, garantizando, insisto, un sector estable, competitivo, dinámico y capaz de mantener una estructura social y un tejido social que garantice la renta de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos y la rentabilidad de nuestras industrias agroalimentarias.

Por mi parte, nada más. Quiero terminar esta intervención agradeciendo, en primer lugar, a Paco Quintana que esté aquí como amigo que es y como permanente colaborador del Ministerio de Agricultura y de la Subsecretaría de Agricultura, pero quiero agradecer institucionalmente como Ministerio de Agricultura a la Generalitat de Valencia y a la Consellería de Agricultura y a la Consellera la colaboración que han venido realizando para que la jornada de hoy sea una realidad, y sobre todo y fundamentalmente la leal colaboración que entre Administraciones se ha venido desarrollando desde hace años y que seguro que va a seguir desarrollándose en los próximos años. Desde luego para el Gobierno, para el Ministerio de Agricultura, para el Ministro de Agricultura, el esfuerzo no se escatimará para conseguir, sea cual sea el color de la Comunidad Autónoma en la que se plantee el debate o se plantea el debate del Libro Blanco, que esos objetivos sean objetivos de todos y que las políticas que se diseñen se apliquen de manera estable en el tiempo.

Muchas gracias por toda la paciencia que han tenido. Les deseo una feliz jornada y una provechosa jornada con los ponentes que van a intervenir, que desde luego son magníficos ponentes con enorme conocimiento de la realidad de la agricultura valenciana y del sector agroindustrial valenciano. Y sin nada más que decirles, declaro inaugurada la jornada del Libro Blanco de la Agricultura y el Desarrollo Rural en la Comunidad Autónoma de Valencia.

Muchas gracias y buenos días.