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SÍNTESIS
DE LA CONFERENCIA MAGISTRAL DEL
PROF.
RAMÓN TAMAMES
"Los retos
de la Agricultura y el Desarrollo Rural"
Casino de Madrid (Alcalá,
15), 1 de marzo de 2002

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1. EVOCANDO A JOVELLANOS
En Roma, la lex agraria era la de reforma
agraria, como fue la de los Graco que repartieron lotes en
el ager publicus para que los plebeyos pudieran cultivar
una extensión que permitiera vivir a una familia.
Por su parte, Jovellanos tituló su
célebre Informe refiriéndolo al "Expediente
de Ley agraria", si bien, a lo largo de su texto, habló
de las "Leyes Agrarias", para proponer las medidas
con que acabar con los estorbos políticos más
difíciles de salvar: la gran extensión ocupada
por los "baldíos", el exceso de tierras concejiles,
la abertura de las heredades, los excesivos privilegios de
todas clases que disfrutaba la Mesta, la amortización
civil y eclesiástica, los obstáculos a la libre
circulación de los productos de la tierra, y, finalmente
las excesivas cargas tributarias que sufrían los pequeños
campesinos.
En la exposición de todos estos estorbos
políticos, Jovellanos hizo la más completa descripción
del sistema, prácticamente feudal, en que se debatía
nuestro campo a fines del XVIII.
Hoy las cosas son muy diferentes, pero tampoco
hace falta un nuevo sistema de Leyes agresivas en torno a
la PAC.
Naturalmente, la PAC no es inmutable, y desde
1960 ha experimentado importantes reformas. Las dos últimas,
las de 1992 y 1999.
En la reforma de 1992, se estableció
un sistema de pagos compensatorios por superficie, que como
su propio nombre indica, compensaba la bajada que se realizaba
de los precios institucionales de los productos agrícolas
(cereales, oleaginosas y proteaginosas). Además se
introdujo la retirada obligatoria de tierras.
A final de los 90, repuntaron los excedentes,
se incrementaron excesivamente los gastos de la PAC y se retomaron
las negociaciones de la OMC. Surgieron las crisis sanitarias
con los problemas de las vacas locas, dioxinas o la fiebre
aftosa, se incrementó la sensibilidad medioambiental
de la sociedad y, sobre todo, se decidió la ampliación
de la UE de quince a veinticinco, o quizás veintisiete,
Estados.
La respuesta a estos retos, se intentó
con la segunda reforma, de 1999, incluida en la Agenda
2000, aprobada el 26 de marzo de 1999, y que supone un
conjunto de medidas que se refiere a tres grandes ámbitos:
nuevo marco presupuestario de la Unión Europea, ampliación
a los países de Europa Central y Oriental (conocidos
como PECOs) y reforma de las Políticas Comunitarias,
entre ellas la Política Agraria Común y de Desarrollo
rural así como de los Fondos estructurales.
Lo que más condicionará la nueva
y futura reforma de la PAC, sin duda, serán las negociaciones
en la Organización Mundial de Comercio, ya que los
elementos sustanciales para la UE en esa negociación
serán la forma de incorporar en los compromisos las
preocupaciones no comerciales, especialmente la multifuncionalidad
y el modelo europeo de agricultura, así como los compromisos
de reducción de las ayudas internas que producen distorsiones
en el comercio.
Adicionalmente, en la nueva reforma ha de tenerse
en cuenta que la actividad agraria debe estar presidida por
criterios de eficacia y competitividad, a pesar de las limitaciones
que impone el modelo europeo de agricultura, expresadas especialmente
en materia de ocupación del territorio, respeto y conservación
del medio natural y del paisaje, de la seguridad y calidad
alimentaria, del bienestar animal etc.
Otro elemento importante de la PAC es el de
la financiación del gasto agrario. El presupuesto necesario
para preservar la política y la actividad agrarias
en un marco de solidaridad financiera debe seguir manteniéndose,
y por tanto, la financiación comunitaria para la aplicación
de la PAC clásica (mercado y ayudas directas) deberá
ser al 100% de la necesaria.
La razón anterior es bien sencilla:
la renacionalización financiera de la PAC, entendiendo
como tal la concesión al Estado miembro, de un montante
de recursos del FEOGA-Garantía para financiar las medidas
a decidir por cada país, llevarían a una renacionalización
de la PAC, ya que haría que en situaciones semejantes
los agricultores y mercados de los distintos Estados serían
tratados de forma muy diferente. Si la opción fuese
además con una cofinanciación nacional del gasto,
eso haría que los países más ricos estuvieran
en una situación mucho más ventajosa. Lo que
en definitiva llevaría al fin de la Política
Común.
La defensa del euromodelo agrario, se
relaciona con la multifuncionalidad de la PAC; con funciones
hasta hace poco no muy apreciadas: grado razonable de autoabastecimiento,
calidad de la producción, seguridad alimentaria, fijación
de la población rural, conservación del medio
ambiente, mantenimiento del paisaje, etc. En esos pilares
reside la mejor base de argumentación racional contra
la idea, muy simplista, de aplicar a Europa el precedente
de las Leyes de Peel de 1846.
La postura oficial española en relación
con los temas agrarios ante la futura ampliación de
la Unión Europea, se centrará en defender el
actual modelo de la PAC, acordado tras la reforma de la Agenda
2000, y especialmente de su financiación. De ese
modo no se verá amenazado el modelo por la integración
de unos candidatos que no están en condiciones de hacer
aportaciones equivalentes al presupuesto comunitario.
Por lo demás, para la legislatura 2000/2004
hay varios proyectos respecto de los cuales el MAPA no va
a escatimar esfuerzos para conseguir el máximo consenso,
sectorial y político para su tramitación y aprobación.
En el ámbito agroalimentario estará el proyecto
de ley de sanidad vegetal. Con la ley de sanidad animal
se promoverá la normativa básica para garantizar
la prevención, control y erradicación de epizootias
en la cabaña ganadera y la seguridad animal. El proyecto
de Ley de alimentación garantizará, junto con
las anteriores, la seguridad alimentaria, dotando a este sector
de los instrumentos que garanticen su desarrollo; el proyecto
de Ley de estatuto de la viña y del vino, dotará
una norma actual que le permita un mejor desarrollismo.
Otro Proyecto de Ley que surgirá del
Libro Blanco será la Ley básica de la agricultura
y el desarrollo rural.
La elaboración del Libro Blanco de la
Agricultura tendrá como hitos referenciales que hacen
necesaria su redacción los siguientes: la globalización
y la liberalización de los mercados que se producirá
por aplicación del Tratado de Marrakech a partir del
año 2007; la ampliación de la Unión Europea
a los PECOS, proceso que en sus aspectos agrícolas
se trata de definir en la actual Presidencia española;
y la evidente necesidad de adaptar las explotaciones agrarias
españolas a las condiciones adecuadas de competitividad
y de producción de calidad y seguridad con las del
resto de los países de nuestro entorno.
Las jornadas temáticas serán
las siguientes: Marzo: Estructuras agrarias; Abril: Empresa
agraria y cooperativismo; Mayo: El mundo rural; Junio: Régimen
jurídico de las relaciones agrarias; Julio: Industria
agroalimentaria y Vertebración de los sectores; Septiembre:
Garantía de rentas y Seguro agrario; Octubre: Aspectos
medioambientales de la agricultura; Noviembre: Relevo generacional,
Relaciones entre Administraciones agrarias; Diciembre: Fiscalidad
y La PAC que España necesita.

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