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SÍNTESIS DE LA CONFERENCIA MAGISTRAL DEL

PROF. RAMÓN TAMAMES

"Los retos de la Agricultura y el Desarrollo Rural"
Casino de Madrid (Alcalá, 15), 1 de marzo de 2002

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1. EVOCANDO A JOVELLANOS

En Roma, la lex agraria era la de reforma agraria, como fue la de los Graco que repartieron lotes en el ager publicus para que los plebeyos pudieran cultivar una extensión que permitiera vivir a una familia.

Por su parte, Jovellanos tituló su célebre Informe refiriéndolo al "Expediente de Ley agraria", si bien, a lo largo de su texto, habló de las "Leyes Agrarias", para proponer las medidas con que acabar con los estorbos políticos más difíciles de salvar: la gran extensión ocupada por los "baldíos", el exceso de tierras concejiles, la abertura de las heredades, los excesivos privilegios de todas clases que disfrutaba la Mesta, la amortización civil y eclesiástica, los obstáculos a la libre circulación de los productos de la tierra, y, finalmente las excesivas cargas tributarias que sufrían los pequeños campesinos.

En la exposición de todos estos estorbos políticos, Jovellanos hizo la más completa descripción del sistema, prácticamente feudal, en que se debatía nuestro campo a fines del XVIII.

Hoy las cosas son muy diferentes, pero tampoco hace falta un nuevo sistema de Leyes agresivas en torno a la PAC.

Naturalmente, la PAC no es inmutable, y desde 1960 ha experimentado importantes reformas. Las dos últimas, las de 1992 y 1999.

En la reforma de 1992, se estableció un sistema de pagos compensatorios por superficie, que como su propio nombre indica, compensaba la bajada que se realizaba de los precios institucionales de los productos agrícolas (cereales, oleaginosas y proteaginosas). Además se introdujo la retirada obligatoria de tierras.

A final de los 90, repuntaron los excedentes, se incrementaron excesivamente los gastos de la PAC y se retomaron las negociaciones de la OMC. Surgieron las crisis sanitarias con los problemas de las vacas locas, dioxinas o la fiebre aftosa, se incrementó la sensibilidad medioambiental de la sociedad y, sobre todo, se decidió la ampliación de la UE de quince a veinticinco, o quizás veintisiete, Estados.

La respuesta a estos retos, se intentó con la segunda reforma, de 1999, incluida en la Agenda 2000, aprobada el 26 de marzo de 1999, y que supone un conjunto de medidas que se refiere a tres grandes ámbitos: nuevo marco presupuestario de la Unión Europea, ampliación a los países de Europa Central y Oriental (conocidos como PECOs) y reforma de las Políticas Comunitarias, entre ellas la Política Agraria Común y de Desarrollo rural así como de los Fondos estructurales.

Lo que más condicionará la nueva y futura reforma de la PAC, sin duda, serán las negociaciones en la Organización Mundial de Comercio, ya que los elementos sustanciales para la UE en esa negociación serán la forma de incorporar en los compromisos las preocupaciones no comerciales, especialmente la multifuncionalidad y el modelo europeo de agricultura, así como los compromisos de reducción de las ayudas internas que producen distorsiones en el comercio.

Adicionalmente, en la nueva reforma ha de tenerse en cuenta que la actividad agraria debe estar presidida por criterios de eficacia y competitividad, a pesar de las limitaciones que impone el modelo europeo de agricultura, expresadas especialmente en materia de ocupación del territorio, respeto y conservación del medio natural y del paisaje, de la seguridad y calidad alimentaria, del bienestar animal etc.

Otro elemento importante de la PAC es el de la financiación del gasto agrario. El presupuesto necesario para preservar la política y la actividad agrarias en un marco de solidaridad financiera debe seguir manteniéndose, y por tanto, la financiación comunitaria para la aplicación de la PAC clásica (mercado y ayudas directas) deberá ser al 100% de la necesaria.

La razón anterior es bien sencilla: la renacionalización financiera de la PAC, entendiendo como tal la concesión al Estado miembro, de un montante de recursos del FEOGA-Garantía para financiar las medidas a decidir por cada país, llevarían a una renacionalización de la PAC, ya que haría que en situaciones semejantes los agricultores y mercados de los distintos Estados serían tratados de forma muy diferente. Si la opción fuese además con una cofinanciación nacional del gasto, eso haría que los países más ricos estuvieran en una situación mucho más ventajosa. Lo que en definitiva llevaría al fin de la Política Común.

La defensa del euromodelo agrario, se relaciona con la multifuncionalidad de la PAC; con funciones hasta hace poco no muy apreciadas: grado razonable de autoabastecimiento, calidad de la producción, seguridad alimentaria, fijación de la población rural, conservación del medio ambiente, mantenimiento del paisaje, etc. En esos pilares reside la mejor base de argumentación racional contra la idea, muy simplista, de aplicar a Europa el precedente de las Leyes de Peel de 1846.

La postura oficial española en relación con los temas agrarios ante la futura ampliación de la Unión Europea, se centrará en defender el actual modelo de la PAC, acordado tras la reforma de la Agenda 2000, y especialmente de su financiación. De ese modo no se verá amenazado el modelo por la integración de unos candidatos que no están en condiciones de hacer aportaciones equivalentes al presupuesto comunitario.

Por lo demás, para la legislatura 2000/2004 hay varios proyectos respecto de los cuales el MAPA no va a escatimar esfuerzos para conseguir el máximo consenso, sectorial y político para su tramitación y aprobación. En el ámbito agroalimentario estará el proyecto de ley de sanidad vegetal. Con la ley de sanidad animal se promoverá la normativa básica para garantizar la prevención, control y erradicación de epizootias en la cabaña ganadera y la seguridad animal. El proyecto de Ley de alimentación garantizará, junto con las anteriores, la seguridad alimentaria, dotando a este sector de los instrumentos que garanticen su desarrollo; el proyecto de Ley de estatuto de la viña y del vino, dotará una norma actual que le permita un mejor desarrollismo.

Otro Proyecto de Ley que surgirá del Libro Blanco será la Ley básica de la agricultura y el desarrollo rural.

La elaboración del Libro Blanco de la Agricultura tendrá como hitos referenciales que hacen necesaria su redacción los siguientes: la globalización y la liberalización de los mercados que se producirá por aplicación del Tratado de Marrakech a partir del año 2007; la ampliación de la Unión Europea a los PECOS, proceso que en sus aspectos agrícolas se trata de definir en la actual Presidencia española; y la evidente necesidad de adaptar las explotaciones agrarias españolas a las condiciones adecuadas de competitividad y de producción de calidad y seguridad con las del resto de los países de nuestro entorno.

Las jornadas temáticas serán las siguientes: Marzo: Estructuras agrarias; Abril: Empresa agraria y cooperativismo; Mayo: El mundo rural; Junio: Régimen jurídico de las relaciones agrarias; Julio: Industria agroalimentaria y Vertebración de los sectores; Septiembre: Garantía de rentas y Seguro agrario; Octubre: Aspectos medioambientales de la agricultura; Noviembre: Relevo generacional, Relaciones entre Administraciones agrarias; Diciembre: Fiscalidad y La PAC que España necesita.