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Ponencias
APORTACIÓN
DE CCAE SOBRE COOPERATIVISMO
Jornada Temática "Empresa
Agraria y Cooperativismo"
Madrid, 18 y 19 de abril de 2002
JUSTIFICACION
Y METODOLOGÍA
MARCO DE REFERENCIA
I. "CONSIDERANDOS"
II. OBJETIVOS PLANTEADOS
POR LAS COOPERATIVAS
III. MEDIDAS PARA ALCANZAR
LOS OBJETIVOS FIJADOS
ANEJO
MARCO DE REFERENCIA
En el momento de su concepción, la Política
Agraria Común fija como objetivos que justifican su
carácter proteccionista la garantía del autoabastecimiento,
y la protección de las rentas de los agricultores.
Ambos propósitos fueron alcanzados pero dejaron en
herencia al sector agrario europeo una serie de desequilibrios
e inercias (carestía de la PAC,
excedentes, perturbación del comercio mundial, etc.).
Posteriormente, y para paliar estos desajustes, se introdujeron
políticas destinadas al control de excedentes, y a
la extensificación y especialización de la producción,
que a su vez conllevaron algunos efectos negativos sobre el
medio ambiente y la expulsión de población rural,
especialmente en las regiones con una agricultura más
intensiva. Las sucesivas reformas de 1992 y la Agenda 2000
debieron afrontar estos defectos, y se cerraron con "reajustes"
más o menos profundos de las políticas de mercados
y estructurales clásicas.
La cuestión que hoy se plantea, a la
vista de los cambios acaecidos en los últimos años
es si, a partir de ahora, el diseño de las políticas
de futuro destinadas a la agricultura y al medio rural europeos
requieren una reflexión de mayor envergadura, que podría
profundizar sobre la pérdida de protagonismo de las
tradicionales y cada vez más cuestionadas medidas de
sostenimiento de precios y ligadas a la producción,
y la dotación de mayores medios para aquellas dirigidas
a las nuevas preocupaciones de la sociedad que apuntan hacia
la calidad y la seguridad alimentaria, y la conservación
del medio ambiente y del medio rural.
Por otra parte, los compromisos de la OMC
de reducción de ayudas internas, de disminución
de barreras arancelarias y restituciones a la exportación
han obligado a reformar las políticas sectoriales de
la UE, y ponen en cuestión
globalmente algunas de ellas. Otros acuerdos internacionales
liberalizadores del comercio, o la propia adhesión
de los PECOS agudizan la
presión sobre los mercados agrarios comunitarios, si
bien, en este último caso, la oportunidad será
recíproca y abrirá también para los actuales
socios una nueva oportunidad de mercado hacia una población
con nivel adquisitivo creciente.
También como consecuencia de las nuevas preocupaciones
sociales y administrativas ya mencionadas, toda una serie
de nuevas y crecientes restricciones se imponen a la actividad
productiva, implicando en el corto plazo, limitaciones que
afectan a la rentabilidad económica de las empresas
agrarias. El agricultor encuentra dificultades para estar
informado y abordar individualmente estos condicionantes,
que la cooperativa en principio puede asumir en mejores condiciones.
Sin embargo, debido a la estructura de las cooperativas, los
controles sobre las mismas de cumplimiento de dichos condicionantes
son mucho más estrictos, lo cual llega a provocar situaciones
de agravio comparativo o de competencia desleal por el resto
de operadores del mercado, y dificulta la fidelización
de la relación socio-cooperativa.
Los desajustes estructurales que caracterizan
una parte de la agricultura española redundan en el
incremento de los costes de producción y por lo tanto
reducen su capacidad competitiva. Estos desajustes se deben
tanto a condicionantes externos como a la propia organización
de los sistemas productivos españoles, muy particularmente
debilitadas por la rigidez del mercado de la tierra. Estas
deficiencias dificultan la adaptación de las explotaciones
al nuevo marco político, económico y social,
y en buena medida están infundiendo la demanda de nuevas
funciones de las cooperativas -en apoyo a la actividad productiva
de la Explotación Agraria, tradicionalmente dedicadas
a la concentración de la oferta y la comercialización
en común, y al abastecimiento de inputs.
El objetivo básico de las cooperativas
de conseguir mejores precios para los productos de sus socios
y los mayores márgenes de beneficio para sus explotaciones
no se puede cumplir sólo a través del apoyo
a la actividad productiva de las explotaciones y la concentración
de la producción, sino que debe complementarse con
el acompañamiento del producto hasta las fases de transformación
y comercialización y la recuperación del valor
añadido incorporado al producto final.
Actualmente el sistema agroalimentario está
compuesto por complejos flujos que interrelacionan a productores,
industria transformadora, comercializadores y consumidores
finales. Las posibilidades de confrontarse con éxito
a este entramado crecen para los productores organizados en
un proyecto colectivo.
Los cambios tecnológicos y socioeconómicos
que han modificado profundamente las pautas generales de compra
y de consumo en las sociedades "desarrolladas",
marcan especialmente las características del consumo
alimentario en España y en el resto de la Unión
Europea, que son los mercados naturales del sector agroalimentario
español. El consumidor demanda cada vez más
productos con valores y servicios añadidos, y por lo
tanto distantes de los que salen de las explotaciones. Consecuentemente
la parte proporcional del precio al consumo de los alimentos
que corresponde a la "materia prima" es cada vez
menor. Destaca, como característica más notable
-por trascendente- del comportamiento del consumidor, su preocupación
por la salud y su creciente demanda de información
en lo que se refiere al origen y a la seguridad y sanidad
alimentaria de los productos adquiridos. Por ello, tres mandatos
-el del control, el de la información al consumidor
y el de la trazabilidad- se han convertido en el emblema de
cualquier proceso de producción, industrialización
y comercialización, debido tanto a las mencionadas
exigencias del consumidor, como a los requerimientos cada
vez más cautelosos de la normativa europea.
Sistemas de producción como la producción
ecológica o la producción integrada, que utilizan
técnicas respetuosas con el medio ambiente están
consiguiendo un apoyo creciente. La producción integrada
-en sus diversas formas y denominaciones (producción
integrada oficial, producción controlada, protocolo
naturane, etc.)- es, actualmente, una realidad en la fase
de producción. La participación y liderazgo
de las cooperativas en esta fórmula ha sido determinante.
Existen otros mercados que reconocen otro tipo de calidades
específicas no tanto ligadas a cualidades nutricionales
o medioambientales sino singularidades debidas a la cultura,
a la tradición, a las costumbres gastronómicas,
a la localización. Estas cualidades no están
reguladas pero sí podrían incluirse dentro del
concepto de "calidad europea" (acuñado por
el "Documento de El Escorial"), y cabría
preguntarse hasta qué punto podría ser explorada
y explotada por las cooperativas, a través de la promoción
del concepto de "producto cooperativo".
La actividad de la industria agroalimentaria española
contrasta con la actividad agraria por su dinamismo y su competitividad.
Estos, junto con el alto riesgo de las inversiones, son los
principales retos que deben afrontar las cooperativas al encarar
su incursión en el eslabón de la transformación
de la cadena alimentaria. Las sucesivas operaciones de compraventa
y acuerdos de fusión de compañías del
sector de la industria agroalimentaria española y los
transvases de capitales extranjeros en los últimos
años, han convertido a la transformación de
productos agrarios en una actividad altamente concentrada
e internacionalizada. La mayor parte de los mercados de alimentación
se estarían encaminando -como el resto de sectores
económicos- a la reducción del número
de operadores.
La intervención de las cooperativas
en los procesos de transformación de las materias primas
agrarias es frecuentemente limitada, y su cuota de participación
es mucho mayor en las primeras fases de la transformación
que en las sucesivas. El tímido concurso de algunas
cooperativas españolas en la industria alimentaria
contrasta sin embargo con la situación privilegiada
en la que se encuentran éstas para introducirse en
los procesos de transformación de materias primas.
Su potencia radicaría en la presencia en las fases
de producción: las posibilidades que esta presencia
les ofrece para planificar, coordinar y adaptar la oferta
a la demanda. Por otra parte, las crecientes exigencias de
trazabilidad, seguridad y sanidad alimentaria más arriba
descritas, impuestas tanto por parte del consumidor como por
las administraciones públicas, no deberían suponer
para las cooperativas una amenaza sino por el contrario una
oportunidad: una ventaja comparativa con respecto al resto
de la industria alimentaria desvinculada de la producción
agraria.
El ámbito en el que se relaciona la agricultura con
el comercio ha sufrido profundas transformaciones, y ha revolucionado
las formas de comprar y vender, condicionadas por la apertura
de mercados, el progreso de nuevas tecnologías, la
internacionalización y concentración de las
empresas agroalimentarias y de distribución, la saturación
de la demanda. El modelo de la gran distribución, en
particular, ha revolucionado el comercio alimentario de nuestros
mercados.
El acelerado proceso de concentración
que ha experimentado la estructura de la comercialización
alimentaria, se refleja en un menor número de compañías
que operan y en el incremento de sus cifras de facturación
y de la superficie de los establecimientos. En la medida en
que unas cadenas compran a otras, se fusionan, o llegan a
acuerdos de colaboración, desaparecen compradores del
mercado, y los que quedan incrementan su poder, volumen y
nivel de exigencia, reduciendo de forma proporcional la de
los proveedores. Así los grandes grupos se mantienen
en una posición dominante casi de oligopolio en la
negociación con industriales y proveedores, con quienes
se relacionan cada vez más directamente en los mercados
de origen, y con escasa competencia. Esta concentración
contrasta con la atomización de la oferta de productos
agrarios que las cooperativas no siempre alcanzan a corregir.
La falta de estrategias para adaptarse a las "nuevas
reglas de juego" podría relegar a los agricultores
y sus cooperativas al puesto de meros "suministradores"
de materias primas de la cadena. Quedando así no sólo
privados del beneficio de los valores añadidos generados
en las sucesivas fases que llevan el producto hasta el consumidor,
sino obligados a mayores exigencias y a la asunción
de funciones y responsabilidades adicionales (almacenamiento,
transporte, etc.) que complican su papel tradicional de suministrador,
y elevan su nivel de riesgo.
La cooperativa desempeña un papel preponderante
en la comercialización en origen, que permite garantizar
la salida del producto de sus socios y da estabilidad a los
precios que perciben. Sin embargo su capacidad de influencia
en el mercado se diluye a medida que se avanza en la cadena
agroalimentaria. Numerosos ejemplos exitosos de comercialización
por cooperativas demuestran la posibilidad de salvar las dificultades
intrínsecas a éstas y de adaptarse a las condiciones
impuestas por la distribución para ocupar una posición
de fuerza en el mercado interior y de exportación.
Pero la comercialización en común de los productos
de sus socios sigue siendo frecuentemente la "gran asignatura
pendiente": cuando las cooperativas actúan como
meros "centros de recogida". Esta debilidad es tanto
más grave por cuanto que la fidelización de
la participación del socio en la cooperativa depende
muy directamente de la eficacia de su labor comercial, que
el socio mide por el precio percibido. Ciertas deficiencias
en el control por la administración pública
del cumplimiento de las obligaciones fiscales colocan frecuentemente
a la cooperativa en situaciones de agravio comparativo o de
competencia desleal con respecto al resto de operadores del
mercado, y siembran de obstáculos los esfuerzos de
fidelización de la relación comercial del socio-cooperativa
A finales de 1997, el Consejo de Ministros
de Agricultura primero, y después el Consejo Europeo
de Luxemburgo se pronunciaron formalmente a favor de "una
agricultura europea multifuncional y que cubra el conjunto
del territorio de la Unión". Sobre esa base, la
Unión Europea presentó en la Agenda 2000 "la
multifuncionalidad" como un objetivo de su política
agraria común. La UE introducía así las
"preocupaciones no comerciales" en defensa del modelo
agrícola europeo, caracterizado por una utilización
diferente de los medios de producción (superficie,
recursos naturales, mano de obra empleada), dando lugar a
formas de producción y ocupación del territorio
particulares y muy ligadas al modelo social y cultural europeo,
que sustenta el proyecto de la integración comunitaria.
De momento la profesión por la UE
de la "multifuncionalidad" se ha quedado en una
declaración de intenciones, a la vista de las previsiones
presupuestarias de la Agenda 2000, que da prioridad a las
políticas sectoriales (a unas más que a otras)
y no refuerza los fondos orientados al desarrollo rural. A
pesar de ello, el discurso de la "multifuncionalidad"
gana importancia dentro de la UE
como argumento para el mantenimiento de una política
agraria común, frente a los detractores de ésta
y partidarios de su desmantelamiento, y está en consonancia
con las nuevas tendencias de opinión de la sociedad
europea, cada vez más preocupada por el medio ambiente.
Si es cierto el carácter "multifuncional"
de la agricultura que actúa aportando un beneficio
que la sociedad reconoce, la orientación de la política
deberá adaptarse a esa situación. Habrá
que permanecer atentos a los frutos que dé la redacción
por parte del MAPA
del "Libro Blanco sobre Agricultura y Desarrollo Rural"
y su posterior desarrollo normativo. Por parte de la CCAE
se pone en evidencia el papel que debe jugar el cooperativismo
en la escena de la "multifuncionalidad". El mantenimiento
de muchos espacios rurales está supeditado al mantenimiento
de la actividad agraria. Las cooperativas, en la medida en
que participan en mejorar la estructura de las explotaciones
y el desarrollo de su actividad agraria, están contribuyendo
a hacer realidad que estas explotaciones cumplan con "la
multifuncionalidad". En muchos casos, la mejora de la
rentabilidad de las explotaciones se deberá buscar
no sólo a través de la competitividad comercial
de la actividad agraria, sino también a través
de la valorización de todos los servicios y bienes
que el agricultor presta o puede prestar a la sociedad y fomentando
las nuevas actividades económicas alternativas o complementarias
a la agraria. Los "principios básicos" del
desarrollo del medio rural (participación, procesos
de decisión de abajo a arriba, subsidiariedad, compromiso
de los beneficiarios, territorialidad, desarrollo integral,
innovación, efecto demostrativo, continuidad, etc.)
así como las herramientas de que precisa (apoyo técnico,
formación, comunicación, etc.) se encuentran
concentrados en la cooperativa, cuya actividad suele ser de
ámbito comarcal, lo cual conviene también a
las políticas de desarrollo rural. Por otra parte,
la asunción de la multifuncionalidad y del desarrollo
rural como objetivos de las explotaciones implicará
en muchos casos que los socios se hagan cargo adicionalmente
de tareas diferentes de las que normalmente realizan: la cooperativa
puede facilitar que los agricultores asuman esta forma de
"reconversión", y cubrir necesidades de formación
que ésta requiere.
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