Clausura - Manuel Pacheco Manchado

Buenas tardes a todos. Voy a empezar presentándome porque supongo que muchos de ustedes no me conocerán, soy Manuel Pacheco, Subsecretario de Agricultura y me corresponde hoy clausurar esta jornada del Libro Blanco sobre la “Fiscalidad del Sector Agrario”. Para mí desde luego es una satisfacción, porque creo que es el primer acto en que actúo como Subsecretario de Agricultura, y además porque, muchos de vosotros lo sabéis, he estado ligado profesionalmente a temas de fiscalidad, - aunque ya hace algunos años -, y empiezo a olvidarme de sus pormenores. Los impuestos me gustan, tengo cierta querencia por el tema y esta jornada y las ponencias presentadas, tienen dos aspectos que me interesan mucho, por una parte los tributos y, por otra parte, el sector agrario donde estoy.

Desgraciadamente no he podido asistir a la jornada por tener que acudir a la Comisión General de Subsecretarios. No obstante, he tenido en mi poder todas las ponencias que se iban a presentar en la misma y de su revisión he intentado obtener unas conclusiones. No se asusten, porque la primera conclusión que saqué es que, debo ser breve en esta clausura.

En primer lugar, porque con todas las cosas que se han dicho, con la intensidad y profundidad del debate que las cuestiones fiscales requieren, deben estar ustedes verdaderamente cansados y no es cuestión de que el Subsecretario insista acerca de lo que ya saben. Creo que se ha dicho aquí todo lo que había que decir, las ponencias que he leído me parecen magníficas, han tratado todos los problemas serios del régimen fiscal de la Agricultura y se han empezado a plantear sus problemas fundamentales.

Dejando aparte esta primera conclusión, he sacado tres conclusiones más, que creo merecen la pena ser destacadas, un poco como resumen a este día de trabajo intenso.

En primer lugar, sí parece que hay cierta coincidencia en que el régimen fiscal de la Agricultura cuenta con una discriminación positiva a favor de la agricultura que todo el mundo considera correcta y que tiene un apoyo normativo claro: en primer lugar en nuestra propia Constitución, en su artículo 130, y en segundo lugar en la normativa de la Unión Europea, que desde sus orígenes ha tratado la Agricultura como un sector merecedor y acreedor de una protección especial.

Este régimen, esta discriminación positiva, se manifiesta en la actualidad fundamentalmente a través del sistema de estimación objetiva para la agricultura, realmente conocido como el Sistema de Módulos, sistema muy sencillo, que no plantea problemas burocráticos para el agricultor y, por lo tanto, no conlleva costes indirectos. Además, es un sistema flexible, en la medida que nos permite, a través de las ordenes ministeriales que anualmente se publican, ajustar la fiscalidad del sector agrario a las circunstancias de cada caso.

Esta misma tarde, me comentaba uno de los Subdirectores Generales de la Subsecretaria, que curiosamente en este momento estamos por una parte indemnizando y calculando las indemnizaciones de las inundaciones que se han producido en la Cuenca del Ebro, y al mismo tiempo, estamos calculando los módulos que hay que fijar para ese mismo sector, como consecuencia de la sequía producida el año anterior. Lo cual demuestra la variabilidad de las condiciones climáticas que afectan a la agricultura y por tanto la variabilidad de los rendimientos que se pueden obtener en un momento determinado.

El sistema del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas tiene su correlato en el Impuesto del Valor Añadido a través del Régimen Especial para la Agricultura, la Ganadería y la Pesca, sistema de muy sencilla gestión, - en un impuesto como el IVA, que es un impuesto muy complejo, siempre es de agradecer – y, además, no supone necesidad alguna por parte del agricultor, teniendo un porcentaje de compensación que incluso en el año 2000 se incrementó del 5 al 8% en materia de agricultura y silvicultura y al 7 en ganadería.

Pero a pesar de que en principio debemos considerar este régimen fiscal como positivo, ya que discrimina positivamente a la agricultura, existe también un consenso general sobre la necesidad de la reforma en el ámbito del Régimen Fiscal de la Agricultura.

En primer lugar reformas puntuales porque hay supuestos, a mi juicio, de verdadera inseguridad jurídica. Me he quedado sorprendido cuando me he encontrado situaciones en las que hay dudas muy serias acerca de cual es el régimen fiscal aplicable a determinadas operaciones. Lo cual no es asumible en ningún ámbito del elemento jurídico pero en materia fiscal mucho menos. No es comprensible ni asumible que hoy en día se pueda realizar cualquier actividad económica si no tienes una seguridad fiscal y sin saber exactamente cual es la carga fiscal que se deriva de esa actividad económica. Por lo tanto estas situaciones dudosas deben ser abordadas y resolverse en uno u otro sentido, de una manera clara y definitiva.

En segundo lugar, es necesaria una reforma en la Política Fiscal, entendida como un instrumento que ha de coadyuvar a la Política Agraria. Es evidente que el margen que tienen los Estados para realizar política agraria nacional está muy condicionado por la normativa comunitaria. No es que en política fiscal dispongamos de mucho margen, pero todavía contamos con un cierto espacio de actuación y tenemos que utilizarlo para que la Política Fiscal nos sirva para conseguir los objetivos que nos fijemos para la Política Agraria.

Si la Política Agraria, tiene como objetivo mejorar y ampliar las explotaciones, tendremos que establecer un régimen fiscal que permita, sin un coste fiscal excesivo, que haya una movilidad de la tierra que no sea impedida por las tributaciones a aplicar a estos contratos y que en general facilite el crecimiento de las explotaciones. Igual podemos decir respecto a la modernización, si queremos que nuestras explotaciones se modernizan tendremos que establecer un régimen fiscal que por lo menos no dificulte, más bien al contrario, que potencie su modernización, haciendo nuevas inversiones y mejorando sus infraestructuras.

Y en este campo de modernización es necesario referirse a la Política de I+D, que en todos los ámbitos de la economía es necesaria y en agricultura lo es aún más. Recientemente, en el vigésimo quinto aniversario de la FIAB, el Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía anunció una serie de reformas que tienen por objeto facilitar que estas actividades de I+D cuenten con un régimen jurídico fiscal claro y cierto. Volvemos otra vez a lo que hemos contado anteriormente, un régimen jurídico con certidumbre es básico para realizar cualquier tipo de actividad económica.

Toda esta actividad de Política Fiscal como apoyo a la Política Agraria es especialmente importante en un momento como éste, en el que nos enfrentamos no solamente a una reforma de la Política Agraria Común, que nos va exigir y a plantear nuevos retos y nuevas reglas de juego, sino que además vamos a desarrollar una ampliación de la Unión Europea, que va a aportar nuevos competidores en el Mercado Único. Este hecho, no debe asustarnos porque los nuevos países son una oportunidad de negocio y que creo, y estoy seguro, que la Agricultura española tiene capacidad, más que sobrada, tanto para competir en este mercado como para obtener nuevos mercados en estos países que se abren a la Unión Europea. Pero para ello necesitamos que la Política Agraria sea apoyada por la Política Fiscal y todo esto, en el marco de las negociaciones en materia de comercio internacional, de su liberalización en el seno de la Organización Mundial del Comercio.

Por último, hemos de considerar, a la hora de plantear una Política Fiscal en relación con la agricultura, el impulso del Desarrollo Rural como segundo pilar de la Política Agraria Común. Los agricultores van a tener que desarrollar una actividad estrictamente agraria junto a otras actividades que van más allá de lo agrario. Tenemos que diseñar una Política Fiscal que no se vea contaminada por estas circunstancias ya que simplemente el hecho de realizar funciones distintas a las esencialmente agrarias puede eliminar los beneficios diseñados para la Política Agraria.

Y la última conclusión que planteo brevemente, no se preocupen, es un dato al que se hace referencia en alguna ponencia, y que me llama la atención. Me refiero al hecho de que la modernización de las explotaciones implica que los agricultores van a tener que llevar una contabilidad, mínima, pero una contabilidad. Esto nos va a permitir también, a mi juicio, buscar nuevas formas de tributación que quizá sean un poco más complejas pero que también nos faciliten una mayor adecuación de la Política Fiscal a las circunstancias de cada empresa.

No renuncio a esta posibilidad aduciendo el argumento, que rechazo de principio, de que los hombres y mujeres del campo no entienden. Cuando llegué al Ministerio de Agricultura me encontré con un sector muy dinámico, que se ajusta y se adecua perfectamente a las circunstancias del mercado, que responde a los retos que se le ponen y no creo en absoluto que los agricultores no sean capaces de llevar una contabilidad, lo saben llevar perfectamente y si no fuera así hay formación para ello.

Además tenemos que aprovechar las nuevas tecnologías, dado que hay sistemas que permiten llevar la gestión de empresas que son aplicables a los sistemas agrarios con carácter general y a su vez, vinculables con la gestión tributaria a través de sistemas telemáticos, tema que la Agencia Tributaria ha implementado mucho y que, a mi juicio, donde tiene un sentido mayor es en el medio rural ya que las distancias físicas imponen una mayor pérdida de tiempo.

Estas son las conclusiones generales, sé además que ha habido muchas propuestas concretas relativas a distintos problemas que son ya viejos conocidos del Ministerio y que hemos tratado de resolver. Temas como el régimen fiscal aplicable a las cooperativas, la aplicación del IVA a las operaciones realizadas por las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas y a las Organizaciones de Productores de Aceite de Oliva, el régimen que ha de aplicarse a las subvenciones de la Unión Europea. Todos ellos son temas que vamos a analizar muy detenidamente. El Ministerio va a estudiar estas ideas que se han presentado de manera novedosa, veremos su utilidad y analizaremos cómo podemos incorporarlas a la legislación actualmente vigente.

En todo caso saben ustedes que siempre el Ministerio ha mantenido una postura de puertas abiertas y desde luego en este tema vamos a seguir trabajando en esta misma línea.

Y en este sentido, uno de los temas que destacaría y sobre el que vamos a trabajar, es el tema de la extensión de los beneficios fiscales de la Ley de Modernización de Explotaciones Agrarias a otras formas personales o societarias, ya que si han dado resultados favorables con la citada Ley pueden también ser útiles en otras formas.

En todo caso quería destacarles que esto no es el final del debate de fiscalidad agraria, sino el principio. Como siempre decimos en las clausuras de las jornadas, el modelo que se ha diseñado para hacer el Libro Blanco de la Agricultura es un modelo eminentemente participativo. Las jornadas temáticas y autonómicas que hemos celebrado, nos han permitido acercarnos a la realidad del sector agrario y tenemos abierta una página web a disposición de todo aquel que quiera hacer cualquier aportación al Libro Blanco.

De esta manera yo creo que conseguiremos recoger, no solamente la opinión de los funcionarios, sino también la opinión de los sectores, de los profesionales, de los agricultores, de la universidad, etc. Es un reto que tenemos por delante y, a la vez, un compromiso con este sector.

Termino así agradeciendo a todos ustedes, el esfuerzo que supone estar aquí y, en especial, a los ponentes por sus trabajos y aportaciones así como a todos los que han contribuido con sus aportaciones y esfuerzos al éxito de esta Jornada.

Muchas gracias a todos.