En ningún capítulo
de los que van a constituir el Libro Blanco se habla del
sistema agroalimentario, entendiendo éste como el
conjunto de relaciones económicas, sociales y ambientales,
que interrelacionan las actividades de producción
primaria, las actividades industriales, tanto de transformación
de materias primas, como la fabricación de inputs
para el sector primario y las actividades terciarias de
distribución física de los productos y de
la distribución comercial de los inputs, de los productos
primarios y de los productos transformados. El sistema agroalimentario
en su conjunto representa un 20% del PIB nacional e incorpora
la necesaria consideración de una potente cadena
en la que cada eslabón, cada actividad, se engarza
en otras dos, llevando la actividad primaria desde el inicio
de sus producciones, hasta la satisfacción de la
demanda del consumidor.
La eficacia de esa cadena la
determina el eslabón o los eslabones más débiles,
debiéndose guardar el equilibrio necesario entre
ellos, en búsqueda de la mayor eficacia del conjunto.
En esta cadena la industria
alimentaria cumple su papel fundamental de motor del sistema,
por lo que su importancia excede de los propios datos macroeconómicos,
ya que la verticalización de la cadena lleva a que
la industria juegue un papel importante hacia abajo, en
relación con las producciones agrarias y pesqueras
y, hacia arriba, en relación a la logística
y a la distribución comercial.
El segundo aspecto es las
implicaciones de la industria agroalimentaria en el desarrollo
rural. Hay unas, fácilmente observables, que
son las economías externas generadas por las industrias
agroalimentarias que se ubican en el medio rural.
Sin duda, proporcionan alternativas de empleo, normalmente
complementarias de la temporalidad de algunas producciones
agrarias o pesqueras y que generan estabilidad y desarrollo
económico. Pero, sin duda, este desarrollo rural
directo es muy poco importante en comparación con
el desarrollo inducido provocado por una potente industria
alimentaria, aunque se ubique en el ámbito urbano.
Las industrias ubicadas en el
medio rural desarrollan, normalmente, actividades de primera
transformación y su efecto más positivo es
que su presencia permite o consolida la tercialización
de la economía rural en servicios que, frecuentemente,
son aprovechados por la propia actividad agraria.
Curiosamente tampoco se han
observado actuaciones en la política agraria tendentes
a favorecer este tipo de industrias, en las que la relación
con lo rural es tan directa. La ubicación en el medio
rural genera, en una actividad económica, como es
la industrial, cada día más compleja, unas
deficiencias que a veces llegan a imposibilitar su actividad:
la falta de infraestructuras del transporte; la falta de
redes energéticas seguras; la falta de mano de obra
calificada en la zona; la inexistencia de servicios de mantenimientos
externos rápidos y eficaces (especialmente, en informática
y robótica); la falta de servicios en control de
calidad; ... son aspectos que se deberían haber contemplado
dentro de la Política Agrícola Común,
sin que nunca se haya hecho.
Si consideramos la industria
alimentaria no arraigada en el medio rural, ubicada
frecuentemente cerca de concentraciones urbanas que consolidan
una parte de su demanda, la Política Agraria Común
aún la ha ignorado todavía más. En
ambos casos y a pesar de que es obvio la importancia del
motor industrial en la cadena alimentaria, hay un sentimiento
generalizado y creciente de que la agricultura y la industria
han ido por caminos separados, cada vez más divergentes.
En este sentido, hay un amplio
consenso entre los expertos del sector industrial que apunta
a que el mayor problema lo presenta, y lo ha venido
presentando, la actitud protectora, fuertemente paternalista
por parte de las Administraciones Públicas hacia
los sectores primarios; actitud que sucintamente se
conoce con el nombre de "agrarismo". En muchos
casos el paternalismo no es ni siquiera propiciado por el
sector primario, sino generado en sí mismo por las
propias Administraciones Públicas en sus relaciones
con el sector derivadas de un claro oportunismo político.
En la siguiente ponencia, Calidad y Seguridad, se contiene
un ejemplo muy claro de lo que estamos hablando.
Hay que pensar que la industria
agroalimentaria es, sin duda, el sector industrial
más intervenido en cualquier sistema económico.
Su carácter de mayor comprador de las producciones
primarias, a su vez fuertemente intervenidas, y el mercado
final de sus productos, los consumidores, lo que a su vez
ha generado una prolija legislación protectora para
los mismos, ha hecho que toda su actividad esté sometida
a una exhaustiva legislación, que con frecuencia
llega a ahogar cualquier iniciativa por los excesos que
provoca.
No debemos olvidar que ante
un sector intervenido la competitividad y eficacia de
las Administraciones Públicas llegan a ser parte
importante de la competitividad y eficacia de las empresas
y en un mundo abierto, en el que ya estamos, las empresas
y las Administraciones Públicas de un país
compiten directamente con las empresas y con las Administraciones
Públicas de otros países.
Al principio de la década
de los 90, en la Unión Europea, se lanzó un
análisis exhaustivo del coste de la "no-Europa",
para determinar las consecuencias económicas del
no funcionamiento adecuado del denominado Mercado Único.
España tiene una nueva organización del Estado,
que se está rodando desde hace 25 años. Una
vez por todas, es necesario acabar el modelo de organización
territorial definiendo claramente el ejercicio de las competencias
entre Estado y las Comunidades Autónomas, que ya
no pueden originar ineficiencias, duplicidades, tics proteccionistas,
incrementos de la complejidad burocrática,... Se
trata de analizar el coste de la "no-España"
y no estamos hablando de política, sino de economía,
de aplicación uniforme de las normas técnicas,
la mayoría de ellas de origen comunitario, de que,
entre todas las Administraciones Públicas, se incremente
la eficacia de los controles o de las acciones de fomento.
No debemos olvidar que existe otro tercer nivel, la propia
Unión Europea, que es clave en nuestro sector. Intentar
tener una organización del Estado, perfectamente,
incardinada con las instituciones europeas y unas Administraciones
Públicas eficaces y competentes son, sencillamente,
condiciones necesarias para la supervivencia de nuestras
propias unidades productivas.
Son tan claras las desventajas
que el creciente divorcio entre el sector primario y secundario
están produciendo, que todos los expertos coinciden
en señalar que ahora, más que nunca, es necesario
liderar el cambio para:
- Conseguir una estrategia común
en cuestiones como seguridad alimentaria, trazabilidad,
calidad,... y,
- Comprometer de una vez a las producciones primarias con
el mercado y con las demandas de los consumidores. Este
cambio requerirá lógicamente que las Administraciones
Públicas deben de dejar de hacer políticas
"políticas" en función de tesis
agraristas y hacer políticas económicas que
deben empezar cambiando los términos de interlocución
de las mismas con la cadena agroalimentaria, haciendo que
la toma de decisiones sea conjunta y no dando preferencia
a un eslabón de la cadena, sobre todas las demás.
Especial preocupación
se ha mostrado por la falta de visión de la Política
Agrícola Común, que sigue insistiendo en distanciar
la actividad primaria del consumidor, manteniendo actividades
orientadas a la burocracia y no hacia el mercado.
Hace pocos años, un Comisario
de Agricultura vino a exponer las líneas de la penúltima
modificación de la PAC. Cuando un representante de
la industria le preguntó qué tipo de actividad
agroalimentaria se diseñaba en un plazo de 10 años,
se limitó a decir "qué pregunta más
rara". El político no podía entender
que la industria agroalimentaria requiere fuertes inversiones
y que en un mercado desarrollado sólo se rentabilizan
a medio y largo plazo, por lo que no se puede tener una
industria alimentaria fuerte, si no se tienen desveladas
las más importantes variables económicas en
un plazo adecuado.
Creemos que también en
la nueva consideración de una PAC basada en unos
nuevos pilares y entre ellos, el de desarrollo rural, la
consideración de las acciones a introducir siguen
quedándose en la superficie de un sector primario
socialmente subsidiado, ignorando a las miles y miles de
microempresas industriales existentes en el medio rural
que, para su supervivencia, requieren, no subvenciones que
las creen, sino opciones que les permitan llegar al mercado
con producto, marca, calidad e incorporación de servicios
logísticos, adecuados.
Nuevamente, se ha vuelto a ignorar a la industria alimentaria
y por ejemplo, en el documento que se presentó a
debate en el reciente Consejo Informal, bajo presidencia
española, celebrado en Murcia, que trataba, precisamente,
del desarrollo rural, no se citaba a las industrias alimentarias
ni una sola vez.
La nueva política comunitaria
de desarrollo rural sigue insistiendo en los argumentos
del pasado, desconociendo que el factor más importante
para el desarrollo rural es el propio mercado y, como motor
intermedio, la industria. El viejo lema de la Escuela de
Ingenieros Agrónomos "Sine Agricultura nihil"
es propio de las sociedades poco desarrolladas, donde el
comer cada día, sigue siendo un problema. En sociedades
avanzadas como la nuestra, debería cambiarse recogiendo
el papel director que tiene el consumidor final y la necesaria
orientación productiva a la satisfacción de
esas sofisticadas demandas. En este paradójico juego
Norte-Sur europeo, tenemos que confiar en los países
del Norte (por ejemplo, la actual presidencia danesa) para
que se recoja entre las prioridades, la investigación
y el desarrollo o el papel de la industria en el desarrollo
rural.
Creemos que hasta ahora ha quedado
clara la necesidad de la vinculación cómplice
entre la agricultura y la industria, cuando existe en la
actualidad una creciente ignorancia mutua. A partir de
aquí plantearemos qué industria de alimentación
y bebidas entendemos que deberíamos tener en el futuro
próximo, removiendo los obstáculos que
se oponen para ese objetivo.
El primer elemento que caracteriza
a la industria del futuro es su incardinación
en el sistema globalizado en el que vivimos. La globalización
no es una cuestión para discutir si gusta o no, sino
un hecho irreversible, que genera muchísimas más
ventajas que inconvenientes, pero que muestra altos niveles
de exigencia a las empresas para aumentar su competitividad.
En un mundo con un alto intercambio
informativo, es necesario implantar cuestiones éticas
en el comportamiento empresarial. Es necesario aceptar iniciativas
como la de "todo menos armas", la paulatina desaparición
de fronteras en productos y materias primas agroalimentarias,
defender una agricultura y una pesca sostenibles, exigir
un impacto neutro medio ambiental... Los países en
vías de desarrollo necesitan vender lo que producen
y, fundamentalmente, o son productos mineros o son materias
primas agrarias y pesqueras o productos transformados agroalimentarios.
Cerrar las fronteras de los países ricos, alegando
la importancia de tener un grado de autoabastecimiento estratégico,
es un juego proteccionista, totalmente, insolidario con
el mundo globalizado.
Pero incluso se pueden buscar
razones pragmáticas, además de las éticas,
para evaluar económicamente interesante esta apertura
de nuestros mercados: el comercio es una vía con
doble sentido y no se puede solamente pedir, sin dar nada
a cambio, y, además, la comercialización final
de los productos importados deben realizarse en los países
de destino por los que tienen el conocimiento de los mismos,
y no olvidemos que de cada 100 pesetas de un producto puesto
a disposición del consumidor final, casi 80 pesetas
se generan en la intermediación mercantil.
Ello obliga a tener mercados
abiertos y aceptar el incremento de competencia. En el ámbito
español de productos industriales agroalimentarios,
sabemos ya lo que es el incremento de la competencia, puesto
que se importa un 10% más de lo que exportamos y
un 12% de lo que comen los españoles procede de más
allá de nuestras fronteras.
La única respuesta
es la de mejorar nuestra competitividad y eso nos lleva
a tener que hacer la consideración de nuestro tamaño.
Para competir en un mercado
global se necesita dimensión y por tanto, que por
parte de la política económica aplicable,
se facilite la fusión o la adquisición
de empresas en ese proceso.
Otra posible vía de mejorar
la competitividad es implementar la existencia de servicios
externos, de forma que se fomente la subcontratación,
en lugar de tener que ser realizados por la misma empresa.
Este es el fenómeno de outsourcing, que está
favoreciendo la supervivencia y adaptación de muchas
medianas y pequeñas empresas que pueden alcanzar
así altas cuotas de eficiencia.
La tercera vía posible
para mejorar la competitividad por incremento de la dimensión,
es la de favorecer las acciones de carácter colectivo.
Es evidente que en toda la complejidad que representa una
empresa, algunas acciones se pueden beneficiar de las economías
de escala en unas medida, mayor que otras. En el aprovisionamiento
de materias primas, tanto en cantidad y en tiempo, como
en las condiciones cualitativas (cumplimientos de protocolos
sobre condiciones), en el control cualitativo de los productos
acabados, en la investigación y desarrollo de nuevos
procesos y productos, en la logística de la distribución
de los productos, en el cumplimiento de las condiciones
impuestas por el cliente comercial, y en la existencia de
una marca reconocible y reconocida, son procesos en donde
las grandes empresas y corporaciones tienen una clara ventaja.
Se trataría de incoar la vía de colaboración
entre pequeñas y medianas empresas para que ese gran
conglomerado industrial, que en todos los sistemas económicos
forman las pequeñas y medianas empresas, pueda acceder
a cubrir sus necesidades conjuntamente con las otras empresas.
Puede parecer una quimera, pero
son ya muchos los ejemplos de que no hablamos de una utopía,
sino de auténticas realidades ante las que tan sólo
es necesario racionalizar y fomentar, pensando que, con
mucha frecuencia, el obstáculo más importante
es el fuerte individualismo de los propios empresarios.
Los emprendedores suelen ser personas de un acusado pragmatismo
y de una fuerte personalidad y ambas características
tienden al individualismo. Hay que cambiar esa forma de
ser haciéndoles comprender que su competitividad
requiere necesariamente el que cooperen unos con otros,
para dar respuestas colectivas a problemas igualmente colectivos.
Y hemos indicado que ya se ha
recorrido un largo camino y que tan sólo debería
profundizarse, racionalizarse y ampliarse.
En el complejo universo de la
investigación, del desarrollo tecnológico,
de la innovación, del control cualitativo de
materias primas y de productos acabados,... existen en nuestro
sector dos ejemplos de gran protagonismo: los Centros Técnicos
Nacionales de Conservación de Productos de la Pesca
y de Conservas Vegetales, creados hace ya una decena de
años y que ambos soportan todos estos servicios para
más de cien pequeñas y medianas empresas de
esos sectores. Es evidente que la mayor parte de las empresas
habrían desaparecido al no poder haber dado la necesaria
respuesta a las crecientes exigencias en seguridad alimentaria,
en protección medio ambiental y en eficacia de los
procesos tecnológicos. Como en otros casos, el que
no se hayan instaurado más Centros Tecnológicos,
con esa misma filosofía, en otros sectores, ha sido
por inexistencia de los líderes adecuados en estos
conceptos en las propias organizaciones empresariales, pero,
también hay que resaltar, que ni en el uno, ni en
el otro de los Centros creados se contó con el más
mínimo apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, aunque sí con el entusiasmo
del entonces Ministerio de Educación y Ciencia. Esta
no presencia del Ministerio con competencia directa en las
industrias vuelve a significar el olvido ya puesto de manifiesto.
Debemos resaltar que esta misma
filosofía de creación de Centros privados
con importantes recursos públicos, podría
haberse incentivado también en las actividades primarias,
tan necesitadas para su futuro de investigaciones continuas
y de apoyos tecnológicos para asegurar, al igual
que el sector industrial, la calidad sanitaria de lo producido
y el respeto al medio ambiente. La aplicación de
las nuevas filosofías productivas basadas en una
agricultura sostenible y la necesaria competencia del sistema
agroalimentario en un mundo más abierto como consecuencia
de la globalización, implican una intensificación
de todo este complejo de la I+D+I, cuyo fortalecimiento
y fomento se hace imprescindible.
No podemos dejar de citar la
necesidad de intensificar la formación de todos
los que componen nuestras empresas y, especialmente, la
dedicada a la profesionalización de la gestión.
A lo largo de esta ponencia se ha visto la creciente complejidad
del entorno en el que están inmersas las empresas,
con retos constantemente nuevos que requieren toma de decisiones
inmediatas por parte de los gestores; decisiones que requieren
una importante formación profesional. Este comentario
creemos que también es extensible al resto de la
actividad agroalimentaria. Es sorprendente que en los últimos
18 años desapareciera el viejo Servicio de Extensión
Agrario, habiéndose olvidado la capacitación
de nuestros agricultores y ganaderos.
La mejor inversión
en cualquier acción de desarrollo económico,
también en el desarrollo rural, es la inversión
en el conocimiento. Hoy día existen numerosos
instrumentos nuevos en el mundo de las comunicaciones, que
podían utilizarse perfectamente para poder implementar
cursos formativos, utilizando canales de televisión,
vía satélite, para formar adecuadamente a
toda la fuerza productiva del sector agroalimentario, tal
como ya los están utilizando las grandes corporaciones
mercantiles.
La realización de actividades
colectivas en los procesos comerciales tiene también
una larga historia. Las denominaciones de origen no son
más que la creación de una base legal para
utilizar una marca colectiva. Su nacimiento implicaba la
utilización de un nombre público, de origen
geográfico, pero la viabilidad de las mismas extendió
su regulación a otro tipo de productos elaborados
por métodos tradicionales, que resultaron también
reguladas jurídicamente en los oportunos Reglamentos
comunitarios, lo que ha llevado a la existencia de denominaciones
de origen protegidas, de indicaciones geográficas
protegidas y de especialidades tradicionales garantizadas.
En esta misma área existen
también muchas iniciativas colectivas para vender
bajo una denominación común determinados productos
elaborados con alguna diferenciación cualitativa.
En algunos países, con un sistema agroalimentario
más desarrollado y más fuerte, los productos
puestos en el mercado que se amparan con esas denominaciones
y marcas colectivas superan ya el 20% del mismo, sirviendo
a miles de pequeñas unidades productivas que ven
como sus elaborados pueden competir en un mercado donde
coexisten las grandes marcas industriales, junto con las
marcas propias de los distribuidores.
La tendencia europea es que
toda la regulación y control de este tipo de denominaciones
y marcas colectivas, queda controlada por entidades privadas
debidamente acreditadas.
En una España que se
encuentra desarrollando un modelo de Estado en el que existen
17 Gobiernos regionales con fuertes competencias en esta
materia, pueden existir fuertes obstáculos a la "privatización"
de estos controles, pues en principio, las Administraciones
Públicas son celosas de sus competencias y no suelen
favorecer el que actividades desarrolladas directamente
por ellas, puedan y deban ser cedidas a los sectores privados.
Si antes hemos hablado de las ventajas del "outsourcing"
para las empresas, pues mejora su eficacia, ese mismo aserto
podría aplicarse a las Administraciones Públicas,
en la idea de que cualquier entidad del sector privado especializada
en una rutina, siempre la podrá hacer con una eficacia
y eficiencia mayor. Los procesos de normalización
y de certificación, debe estar regulados simplemente
en las reglas de juego, e inspeccionando y acreditando a
las entidades de certificación, pero dejando a la
iniciativa privada las aplicaciones concretas y su certificación.
Estos mismos principios parecen
ser también necesarios a la hora de abordar los mercados
externos. Quitando algunos sectores concretos de la industria
agroalimentaria española, hasta 1986 no se exportaba
apenas nada. Tampoco nuestras fronteras posibilitaban la
importación de productos foráneos, encontrándose
el mercado interior prácticamente "secuestrado"
para nuestras propias producciones. De forma súbita
desapareció el sistema proteccionista, introduciéndose
la variable de que era necesario considerar al menos el
marcado europeo como parte de nuestro mercado interno y
habitual. Es evidente que la batalla comercial estaba desequilibrada,
pues mientras las industrias europeas llevaban ya muchos
años compitiendo abiertamente con las demás
y por ello el mercado español era un poco más
de lo que ya estaban acostumbrados, a nuestras empresas
salir al exterior era un empeño totalmente nuevo.
También para esa necesaria
acción exportadora y de internacionalización,
la dimensión es determinante. Para los productos
españoles el mercado europeo está siendo nuestro
mercado de proximidad en donde se va incrementando la presencia
de productos españoles pero, difícilmente,
en el segmento marquista, que es el que tiene más
valor añadido. En esos mercados hemos llegado tarde,
produciéndose las ventas por nuestra excelente relación
calidad-precio o en aquellos segmentos (hostelería,
restauración,...) donde la existencia de una marca
no es relevante. Está claro que las empresas marquistas
españolas deben intentar la apertura de otros mercados
que hasta ahora se han mantenido cerrados (países
del Este europeo) o aquellos otros que por su incipiente
estado de desarrollo y su alto riesgo no se encuentran todavía
poseídos por las grandes corporaciones internacionales
(Latinoamérica, Lejano Oriente), aunque ya se encuentren
presentes.
Pero para las empresas pequeñas
todavía el panorama es más sombrio porque
ni siquiera tienen una marca que imponer. Su camino debe
ser nuevamente el de buscar la cooperación entre
empresas de su mismo país (consorcios) o con
empresas de los mercados de destino (cooperación
industrial).
Hace ya una decena de años
que a iniciativa de la FIAB se empezaron a crear los primeros
consorcios de exportación, siguiendo el modelo existente
en Italia, el del Queso Ibérico y el del Jamón
Serrano fueron los primeros y prácticamente los únicos
que se pusieron en marcha. El primero ya desapareció
y el segundo nada más que sobrevive. No obstante,
estas acciones siguen teniendo éxito creciente en
el país citado. Sería necesario hacer una
amplia reflexión de qué obstáculos
son los que se oponen a que puedan utilizarse este camino
en la expansión de nuestras exportaciones.
Por otra parte, otros países
como Alemania, Francia y Holanda tiene una fuerte organización
interprofesional, volcada precisamente en la extensión
de los mercados exteriores que llegan a desarrollar organismos
semipúblicos de promoción (SOPEXA, CMA,...).
Una decidida política de consolidación de
las organizaciones interprofesionales, centrando entre sus
objetivos prioritariamente el de atención al mercado
externo y el, ya citado anteriormente, complejo I+D+I, serían
acciones necesarias para la expansión de nuestro
comercio exterior.
La cooperación para la
internacionalización es otra vía que haya
que explorar mucho más allá de los pasos incipientes
que ya se han venido dando. En España hay muchas
empresas con mucho conocimiento acumulado de qué
producir, cómo producirlo y cómo venderlo;
conocimientos que pueden perfectamente venderse a otras
empresas similares que también cuentas en su patrimonio
el qué producir, cómo producirlo y cómo
venderlo en otros mercados. La puesta en común de
esos conocimientos crearía alianzas estratégicas
entre empresas, facilitando la internacionalización
de las mismas y con el tiempo el acceso a otros mercados.
La clara incentivación de este tipo de acciones acortaría
el proceso de internacionalización de nuestro sector.
Y todo lo anterior requiere
unas organizaciones empresariales renovadas. Un país
democrático es más desarrollado cuanto más
organizado se encuentra socialmente y creemos que, uno
de los obstáculos que se está oponiendo a
la mejora del sistema agroalimentario, es la debilidad de
las organizaciones empresariales existentes. No es misión
de esta ponencia hablar de las organizaciones agrarias,
cuyo origen sindical en algunos casos o su inclinación
política en otros, las alejan del modelo pragmático
existente en algunos países vecinos al nuestro con
un fuerte sistema agroalimentario. Centraremos nuestros
análisis en las organizaciones industriales.
Éstas comparten con el
resto de organizaciones sociales españolas una escasa
participación. Apenas el 25% de las industrias forman
parte del tejido asociativo. En España sigue presente
con frecuencia el espíritu de aprovecharse gratuitamente
del trabajo que otros pagan, lo que denota una profunda
insolidaridad y ello, no sólo es aplicable a las
pequeñas empresas que, sin duda, son las mayormente
ausentes en el movimiento empresarial, sino algunas empresas
que son los líderes en sus respectivos sectores.
Pero el problema se agudiza
cuando observamos que la mayor parte de las organizaciones
existentes apenas tienen medios para realizar una pobre
labor de intermediación informativa, y eso limita
mucho el desarrollo de nuestra sociedad, pues ante la creciente
complejidad del mundo en el que se mueve el sector agroalimentario,
las asociaciones empresariales deben ser un permanente
motor de cambio con capacidad para promover el futuro y
para orientar a las empresas en la dirección acertada
y si ese papel no lo realizan ellas, nadie las puede sustituir,
resultando a la postre, un empobrecimiento general del sector
económico y de la sociedad.
Todos tenemos que creer más
en la sociedad civil, ayudar a que se organice y necesariamente
contar con esas organizaciones. Las Administraciones Públicas,
lógicamente, recelan de ellas, pues son precisamente
un contrapoder y siempre se gobierna mejor a una sociedad
de individuos, que a una sociedad organizada. Recientes
decisiones de claro contenido político tomadas en
materias de nuestro sector, corroboran la necesidad de que
el poder político considere y también crea,
la opinión de las organizaciones empresariales.
Ya acabamos. Es realmente muy
difícil exponer en poco más de media hora
un "recetario" de medidas tendentes a mejorar
el funcionamiento de la industria alimentaria dentro del
sistema agroalimentario, de forma que se consolide un gran
sector económico, que también consolida, por
arrastre, un gran sector productor de materias primas, y
colabora en ordenar el territorio, lo que conlleva notorias
implicaciones sociales.
Todo el sistema agroalimentario
es una gran red y cualquier acción que se tome sobre
una de las cuerdas, debe medirse en su repercusión
en las demás. Ese difícil, pero necesario
equilibrio, es el que debe permitir que la red ocupe la
máxima superficie para que cree la máxima
riqueza económica esperable. Actuar siempre en un
mismo sentido, pretendiendo favorecer a una de las cuerdas,
deformará el espacio de la red, haciéndola
totalmente inservible para lo que debiera.
Evitemos que la deformación
ya existente llegue a ahogar al conjunto.
Madrid, 11 de julio de
2002
