23 de mayo de 2002

Excelentísimo Sr. Ministro Miguel Arias Cañete. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Muy buenos días, señoras y señores. Continuamos hoy con el proceso iniciado en el mes de marzo, dentro de los trabajos para la elaboración del Libro Blanco de la Agricultura y Desarrollo Rural, con la celebración de la ya Tercera Jornada Temática, bajo el epígrafe "EL MUNDO RURAL".
Una vez analizadas las estructuras agrarias en España: el cooperativismo y el modelo de empresa agraria, nos toca abordar y profundizar el otro de los aspectos fundamentales de la agricultura: el medio rural, que constituye el soporte físico, donde nuestros agricultores y familias han de desarrollar no sólo sus actividades laborales, sino también su vida familiar y personal.
Desde hace unos meses estamos debatiendo en la Unión Europea sobre la reforma a medio plazo de la Agenda 2000, que dará lugar a una propuesta de la Comisión el próximo mes de junio.
En el marco de esta revisión se ha planteado la potenciación del llamado 2º pilar la Política Agraria Común: el desarrollo rural. Y los posicionamientos de los estados miembros ante los ajustes venideros se están haciendo desde posiciones y perspectivas muy distintas. Precisamente por eso, la reunión informal del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, que se celebró en Murcia, estuvo dedicado a este tema, presentando la Presidencia un documento para abrir el debate, y al final de esta intervención les haré un breve resumen de la posición española al respecto.
A lo largo de esta Jornada haremos un repaso de la situación actual del mundo rural, exposición que efectuará el profesor Benjamín García Sanz, de la Cátedra de Sociología de la Universidad Complutense, mediante la presentación de su ponencia sobre "Aspectos generales de la sociedad rural y el desarrollo", que he leído atentamente y considero un fiel reflejo de la realidad actual desde un punto de vista profesional, no agrarista, sino sociológico. Me gustaría resaltar, aunque luego tendrán ocasión de verla con detalle, desde un punto de vista político, alguna de sus aportaciones que más interés me han despertado.
Citando literalmente al autor, respecto al comportamiento demográfico, manifiesta que no estamos en una recuperación abierta de población en el medio rural, pero sí que es cierto que no se pierde población, como hace algunos años. Otro aspecto que me ha llamado mucho la atención, aunque no se le presta demasiada atención actualmente, es el aumento creciente de la población flotante, vinculado usualmente a la segunda residencia y motivado por la nueva funcionalidad de la sociedad rural.
García Sanz pone de manifiesto varios hechos, sobre los que este Gobierno pretende actuar en sus líneas futuras. En primer lugar, que nuestra agricultora se concentra en explotaciones cada vez más grandes y más viables. En segundo lugar, que no se está produciendo un proceso adecuado de renovación y rejuvenecimiento, que necesitaría el momento actual. Y, que existen dos tipos de agricultura: una, en la que se imponen criterios de mercado y competitividad y otra, económicamente inviable, residual, que permanecerá mientras pervivan sus titulares.
El último aspecto que querría destacar de las aportaciones, que son innumerables, es el referente al papel que juega la industria o la alimentaria local y que afecta muy positivamente a los datos demográficos. No he podido disponer de la otra comunicación del profesor Eduardo Ramos sobre un análisis crítico de las políticas de desarrollo rural, pero estoy convencido de la importancia de las aportaciones que se realizarán para planificar futuras políticas en este ámbito.
Y quiero destacar también las ideas y posturas definidas en las distintas comunicaciones que ponen encima de la mesa muchas cuestiones, como experto en geografía Fernando Molinero adelanta que los procesos de desarrollo de las distintas comarcas europeas no siempre se deben realizar de la misma manera y, por lo tanto, uno de los conceptos básicos del desarrollo rural es definir el desarrollo en función de las potencialidades y recursos endógenos.
En este sentido, me gustaría señalar que existen dos concepciones en el concepto del desarrollo rural en la Unión Europea. Una amplia y otra más restrictiva. El enfoque que sigue nuestro Ministerio es el enfoque de la Dirección General Sexta de la Unión Europea de Agricultura. Es decir, un desarrollo rural vinculado a la agricultura con sus aspectos de clasificación agraria. Sin embargo, existe otro concepto contemplado desde una perspectiva más amplia y con gran impacto sobre el medio. Me estoy refiriendo a aspectos tan esenciales para la vida de las comunidades rurales como las comunicaciones, la educación, los servicios sobre los que, evidentemente, el Ministerio de Agricultura no puede actuar por aspectos competenciales, pero sí estará siempre coordinado con los ministerios responsables.
Tan esencial es un desarrollo rural como el otro. Los dos tipos de medidas son necesarias ya que para asegurar la necesaria presencia de población agraria en nuestros pueblos tienen que disponer de asistencia sanitaria adecuada, centros de educación y posibilidades suficientes de ocio, para sus hijos y para ellos mismos, asequibles y en tiempos razonables de desplazamiento.
En las comunicaciones, los autores inciden en el aspecto territorial del desarrollo rural. La exigencia de una actuación decidida a favor del desarrollo rural se justifica por el hecho de que en las zonas rurales de la Unión Europea ocupan el 80% del territorio. Y, por lo tanto, el desarrollo rural es un verdadero modelo de gestión territorial, que va más allá de la territorialización de políticas sectoriales y que debe de tener en cuenta la participación de todos los agentes territoriales como elemento básico para el éxito de las políticas.
En esta línea estamos trabajando y necesitamos avanzar en el futuro. Ayer tuve la ocasión de leer las aportaciones de los dos representantes de la redes de desarrollo rural existentes en España. Estas dos redes apuestan definitivamente por el modelo LEADER, por el desarrollo local y comarcal, por el territorio de los agentes que en él interaccionan y por una política rural integral.
La iniciativa Comunitaria LEADER o el PRODER son instrumentos válidos, pero no únicos para una política de desarrollo rural. Instrumentos lógicos de participación social, de colaboración de la sociedad civil, de aceptación de acercamiento de las políticas al ciudadano, de agilidad en la gestión; y que con sus problemas y dificultades han demostrado en España ser un método muy válido para el desarrollo del medio rural español.
España ha sido tradicionalmente el país que más grupos de acción ha tenido en las distintas iniciativas LEADER I, II y Plus, que reflejan un gran compromiso de los territorios rurales con el desarrollo endógeno. Esta fórmula en España ha pasado de ser un laboratorio a ser uno de los modelos más eficaces para la implantación de futuras políticas de desarrollo rural. Para el período 2000-2006 están previstos 150 grupos LEADER Plus y 157 grupos PRODER 2.
Pero también son herramientas válidas para los procesos de desarrollo rural las acciones previstas en los programas operativos regionales, en los que cada comunidad autónoma elige las líneas en que quiere actuar o los programas horizontales de mejora de estructuras, incorporación de jóvenes o las propias medidas de acompañamiento.
Nadie podrá discutir que una verdadera política de desarrollo rural es el Plan Nacional de Regadíos, que vertebra el territorio, evitando, reduciendo, los procesos de pérdida de población, abandono y envejecimiento de zonas rurales, que mejora el nivel de vida de los agricultores, incrementando la productividad del trabajo y la renta de las producciones agrarias, que mejora las infraestructuras de distribución y aplicación del agua de riego, racionalizando el uso de los recursos hídricos y que incorpora criterios ambientales en la gestión de tierras y aguas.
Es probable que en un futuro se necesite una política global rural e integrada, y en este sentido la política de desarrollo rural debe de ser evolutiva para adaptarse al mejor cumplimiento conjunto de los objetivos y de circunstancias concretas.
En estos momentos son los derivados del modelo europeo de agricultura, basado en la multifuncionalidad, definido en la Agenda 2000. Llevamos dos años de camino y no podemos plantear un cambio tan brusco a corto plazo y menos definir este modelo para los nuevos Estados Miembros, en los que estas estructuras de gestión territorial necesitarán fases largas de adquisición de conocimientos.
Como comenté al principio, me gustaría finalizar con algunas conclusiones, que reflejan la posición española sobre el posible reforzamiento de una política de desarrollo rural.
En cuanto a la subsidiariedad y el carácter común de la política del desarrollo rural. Defendemos una política de desarrollo rural, en el marco de la Política Agraria Común, y más aún, que si se potencia el segundo pilar mantenga el carácter común de sus líneas básicas de actuación. No sería lógico que las indemnizaciones compensatorias de dos zonas de montaña, que tengan los mismos handicap naturales de altitud y aislamiento, sean diferentes en una región u otra de la Comunidad, en función de la capacidad presupuestaria de los Estados Miembros.
Esta necesidad de reforzar el carácter común de alguna de las medidas básicas de política y desarrollo rural es compatible con la aplicación de criterios de subsidiaridad, para que dentro de otras líneas o ejes también comunes, en dicha política se dejen margen de maniobra a los Estados Miembros y a las unidades territoriales con la capacidad política de decisión para elegir las líneas concretas complementarias, que mejor se adapten a las condiciones específicas hacia agriculturas y, por lo tanto, para establecer las correspondientes prioridades.
Trabajamos con la idea de una nueva ayuda, más desconectada con la producción, ligada a la multifuncionalidad, que incluso podría instrumentarse con la experiencia de la aplicación del método simplificado de ayudas para los pequeños productores. El momento adecuado para tomar decisiones sobre esta ayuda estará obviamente relacionado con el desarrollo de las negociaciones en la Organización Mundial de Comercio. Hay que definir este concepto con más exactitud y las modalidades de su aplicación. El debate está abierto y existen varias ideas de cómo establecer una ayuda a la multifuncionalidad que conecte la actividad agraria y el desarrollo rural.
Por un lado, hay países que opinan que las ayudas estructurales no deben de responder sólo a criterios productivos, sino que deben hacerlo también a otros no económicos. En este sentido plantean que la multifuncionalidad se incorpore a la mejora de las explotaciones, como es el caso de los contratos temporales en Francia. Por otro lado, otros Estados Miembros plantean incorporar aspectos de desarrollo rural en el primer pilar, reverdeciendo este pilar.
En el momento actual, las ayudas y regulaciones del primer pilar son globalmente imprescindibles para mantener una adecuada ordenación de la actividad agraria y para sostener las rentas de los agricultores correspondientes, aunque puede haber algunos márgenes sectoriales o para algunas categorías de productores.
Dicho esto, se estima que los posibles recursos traspasados del primero al segundo pilar deben de reforzar, en su aplicación, los criterios de cohesión para conseguir los objetivos generales de la Política Agraria Común.
No es fácil definirse, concretamente, sobre cuál sea la estructura de distribución más racional de recursos entre el primer y el segundo pilar. En las declaraciones fundacionales del FEOGA se preveía un reparto de dos tercios, un tercio entre los recursos de mercados y las estructuras agrarias. El segundo pilar ha ido incrementándose y actualmente está en cifras del orden del 15% para el conjunto de la Comunidad.
Entendemos que el ritmo de trasvase adicional de recursos que hubiera que realizar tendría que estar relacionado con el desarrollo de las negociaciones en la Organización Mundial de Comercio y, en todo caso, defendemos la aplicación de criterios de cohesión, tanto en la asignación de los recursos, como los ajustes que haya que hacer para trasvasar recursos del 1º al 2º pilar. Si estos ajustes se hacen con niveles de cohesión tendrán el efecto de reforzar la posición comunitaria sobre la multifuncionalidad de la agricultura.
En cuanto a la modulación, a la tan traída y llevada modulación, repetidamente he manifestado que tendría que tener carácter común, ser aplicada de forma obligatoria y con importes iguales de ajuste a todos los agricultores de la Comunidad. Y estos recursos se podrían utilizar para aumentar la cofinanciación comunitaria de la totalidad de las ayudas al segundo pilar y reducir el esfuerzo de los estados miembros.
Debemos de actuar con precaución construyendo, a partir de lo ya consolidado, y sin dar bruscos cambios de timón. Esta estrategia forma parte de la cultura del método comunitario de toma de decisiones y de una forma más segura de lanzar. Apostamos, ciertamente, por reforzar el segundo pilar, pero sin poner el peligro las ayudas del primer pilar, que son esenciales también para el mantenimiento de la población activa agraria.
El desarrollo rural debe de ser una herramienta fundamental de la Política Agraria Común. Debe de ser un elemento complementario de la Política Agraria Común clásica para cumplir los objetivos establecidos en el Art. 33 del Tratado de la Unión Europea y con el fin de mejorar la posición de la Unión Europea en el futuro, en el marco de la Organización Mundial de Comercio, es necesario desvincular la producción de las subvenciones agrícolas y, por tanto, reforzar el papel de las ayudas a la Caja Verde, es decir, reforzar el segundo pilar de la Política Agraria Común del desarrollo rural.
Este compromiso del Ministerio de Agricultura se va a reforzar con la elaboración Libro Blanco del Desarrollo Rural y con las aportaciones que harán todos ustedes.
No me puedo quedar a la ponencia, pero puedo asegurar que he pasado un fin de semana delicioso leyéndola, y sé que a ustedes les puede aportar nuevos conocimientos. Como todas las aportaciones, que están haciendo a este Libro Blanco, están teniendo un gran nivel y va a ser muy complejo reducir el volumen ingente de documentación que disponemos a la ambición de un Libro Blanco, de uno que ya va para dos tomos, en el que queremos centrar al final este ejercicio de análisis de la realidad española y de proyección de políticas para el futuro. Muchas gracias a todos los que participen en esta Jornada y espero que saquemos las conclusiones tan importantes como las dos Jornadas anteriores.