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Ponencias

LOS CAMBIOS RECIENTES Y LA TIPOLOGÍA ACTUAL DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS EN ESPAÑA; ALGUNAS IMPLICACIONES PARA LA POLÍTICA AGRARIA

Edelmiro López Iglesias.
Departamento de Economía Aplicada/ IDEGA
Universidad de Santiago de Compostela

2. La reorientación de la PAC a partir de los años 80; el nuevo "paradigma de la multifuncionalidad" y sus implicaciones para las estructuras agrarias

De todos es conocido que la integración de España en la Comunidad Europea coincidió prácticamente en el tiempo con el inicio de una reorientación en profundidad de la PAC, reorientación que en los últimos 15 años, y a través de sucesivos pasos, ha ido alterando de modo sustancial los objetivos y mecanismos de esta política. Ello ha implicado también una redefinición del modelo de agricultura, y en buena medida del modelo de explotación, que se trata de impulsar y que sirve de referencia a las medidas aplicadas.

Simplificando, puede afirmarse que el modelo de política agraria vigente en la CE durante sus dos primeras décadas de funcionamiento (la PAC clásica) estaba claramente ligado a: un modelo de agricultura, el "modelo productivista"; y un modelo de explotación, la explotación familiar moderna trabajada por agricultores profesionales. Se trataba, en síntesis, de estimular el incremento de los volúmenes de producción, mediante el mantenimiento de precios agrarios elevados y la garantía de salida de la producción a esos precios, al mismo tiempo que de gestionar y acelerar el proceso de modernización selectiva y la consiguiente desaparición y concentración de explotaciones.

Ese modelo de política agraria, aunque ya arrastraba importantes problemas con anterioridad, entra en crisis en la primera mitad de los años 80 como consecuencia básicamente de cuatro tipos de factores: el "éxito" de la PAC clásica en cuanto al aumento de los volúmenes de producción, que acabó originando excedentes estructurales en un número creciente de productos; el deterioro en la primera mitad de los 80 de los mercados mundiales de productos agrarios; el deterioro del mercado de trabajo en los países comunitarios a raíz de la crisis económica de los 70, que hacía poco aconsejable desde el punto de vista del conjunto del sistema económico continuar fomentando la salida de mano de obra de la agricultura; y finalmente hay que mencionar el cuestionamiento creciente del modelo productivista en la agricultura por sus efectos negativos desde diversas perspectivas (medio ambiente, salubridad de los alimentos, equilibrio territorial, ...).

Como respuesta a esa crisis, que no es sólo del modelo de política agraria sino que tiene como fondo la cuestión más general de las funciones que debe cumplir la agricultura y el medio rural en el contexto actual de los países de la Europa Occidental, ya desde mediados de los años 80 se comienza a avanzar en la definición del nuevo modelo de agricultura que se considera deseable para Europa. Este nuevo "discurso", que se corresponde con lo que hoy podemos denominar "paradigma de la mulfuncionalidad", está claramente presente en los documentos de la Comisión Europea desde mediados de los años 80, y en concreto aparece configurado ya de forma nítida en el Libro Verde de la Comisión de 1985; aunque irá madurando y desarrollándose en textos posteriores (el documento de la Comisión de 1988 titulado "El futuro del mundo rural", el "documento de reflexión" de 1991 que precede a la reforma Mac Sharry y finalmente la Agenda 2000 son los principales hitos). En síntesis, la idea básica es que, sin abandonar la función tradicional de producir alimentos y otras materias primas a costes cada vez menores (en condiciones competitivas), la agricultura debe cumplir también otras funciones cada vez más relevantes para el conjunto de la sociedad. Sobre todo dos: la ambiental (contribuir a la conservación del paisaje y el medio ambiente) y la social-territorial -podríamos decir también "rural"- (contribuir a la viabilidad de las áreas rurales y a un desarrollo territorial más equilibrado).

Entre las implicaciones de ese nuevo modelo para la agricultura europea me interesa destacar una: la conveniencia de mantener una población agraria relativamente numerosa y de frenar consiguientemente la desaparición de explotaciones. Aunque muchas de estas explotaciones -sobre todo las de pequeño tamaño- no sean necesarias como productoras de alimentos, su mantenimiento se considera conveniente -especialmente en las áreas de montaña y desfavorecidas- debido a las "otras funciones" que cumplen para el conjunto de la sociedad (su contribución a la conservación del patrimonio natural y cultural y del tejido social en las zonas rurales).

Este nuevo discurso sobre el modelo de agricultura que se considera deseable para Europa trae aparejadas también modificaciones en cuanto al tipo o tipos de explotación que se trata de impulsar. En este sentido, pueden destacarse dos observaciones:

En las referencias recientes al "modelo europeo de agricultura" (ligado a la "multifuncionalidad" agraria) es habitual señalar que éste no supone una homogeneidad estructural, que no está basado en un determinado "tipo" de explotación. Frente a ello se opone el principio de la "contractualidad" (que podríamos traducir por el conocido proverbio: "gato blanco, gato negro, lo importante es que cace ratones"): será el cumplimiento o no de los "contratos" la vía de comprobar la mayor o menor idoneidad de unas u otras explotaciones, en cuanto a su capacidad para realizar las funciones que la sociedad les asigna. Aunque algunos discursos siguen señalando una estrecha vinculación entre la "multifuncionalidad" y la "explotación agraria de tipo familiar", justificando esto que las medidas de política agraria prioricen estas explotaciones. En conjunto, no obstante, la referencia a la "agricultura familiar" como modelo parece tender a diluirse o al menos debilitarse.

En cualquier caso el paradigma de la multifuncionalidad apunta, implícita o explícitamente, hacia la configuración de una "agricultura dual". Frente al modelo de explotación familiar moderna y profesional que servía de referencia a la PAC clásica, en el nuevo contexto deberían convivir dos tipos de unidades productivas que responden a lógicas económicas y funciones diferentes: unas explotaciones competitivas de elevado nivel tecnológico y cada vez más abiertas a los mercados mundiales (lo que debe ser compatible con el cumplimiento de ciertos requisitos medioambientales y también en otros aspectos: salubridad de los alimentos,; y frente a ellas unas "explotaciones sociales, pluriactivas", que se mantienen por las funciones ambientales o territoriales que cumplen para el conjunto de la sociedad y sostenidas principalmente por las ayudas directas y las políticas de desarrollo rural.

Ese modelo de agricultura, basado en el paradigma de la multifuncionalidad, es el que inspira las sucesivas reformas de la PAC efectuadas en los últimos 15 años, al menos en el terreno de los discursos, de la ideología proclamada (Comisión Europea, 1985, 1991, 1998). Cuestión diferente es en qué medida las reformas aprobadas han servido efectivamente para ir adaptando los instrumentos de la PAC a las nuevas funciones asignadas a los agricultores. Sin entrar a fondo en esta cuestión, el diagnóstico podría resumirse en dos afirmaciones (Arnalte, E., 2002):

  1. Las reformas en el "primer pilar" de la PAC, las introducidas ya desde los años 80 y sobre todo a partir de 1992, han modificado sustancialmente los mecanismos de protección de la renta de los agricultores (sustituyendo progresivamente el sostenimiento de precios por ayudas directas), pero sin que se avanzara prácticamente (o sólo de forma muy limitada) en la conexión de estas ayudas directas con las otras funciones asignadas formalmente a la población agraria.

  2. El impulso o apoyo a esas otras funciones se ha dejado esencialmente en manos de la antigua política de estructuras agrarias, que ésta sí ha visto alterado de modo profundo su contenido y objetivos: desde una política de estructuras agrarias dirigida a acompañar y acelerar el proceso de modernización selectiva de explotaciones, hasta la actual política de desarrollo rural (el "segundo pilar" de la PAC).
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