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Ponencias
INTERLOCUCIÓN
SOCIAL EN LA AGRICULTURA ESPAÑOLA
Eduardo Moyano Estrada
Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía
(IESA). Córdoba
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
3. LA PRACTICA DEL SINDICALISMO
AGRARIO
En este apartado nos centraremos en la
práctica concreta de las organizaciones profesionales
agrarias (OPAs), que son, como hemos señalado, organizaciones
de naturaleza sindical que crean los agricultores para la
representación y defensa de sus intereses generales.
Analizaremos, primero, el modelo sindical que ha sido dominante
durante el proceso de modernización productiva (1962-92),
para, más tarde, analizar el actual contexto de cambios
y ver cómo se adaptan las OPAs modificando sus estrategias,
discursos y modelos organizativos.
Discursos y estrategias dominantes durante
la fase de la modernización productiva
Puede señalarse que, en las tres décadas
de institucionalización de las políticas agrarias
de tipo proteccionista -cuyo ejemplo paradigmático
ha sido la PAC en el periodo comprendido entre 1962 y 1992
-, las OPAs europeas han definido en términos generales
una estrategia de acción colectiva que ha dado prioridad
al ámbito de las instituciones públicas. La
mayoría de las organizaciones que actúan en
el ámbito de la Unión Europea, y salvo muy contadas
excepciones -piénsese en las organizaciones francesas
MODEF y Confédération Paysanne, o en la portuguesa
CNA-, aspiraron a ser reconocidas como interlocutores por
los poderes públicos para participar en las instituciones
relacionadas con la política agraria y obtener así
legitimidad ante sus respectivas bases sociales.
Esta estrategia fue coherente con un discurso
ideológico modernizador que asignaba al Estado un papel
relevante en el proceso de modernización, y con una
base social identificada con un modelo dominante formado por
el binomio explotación-viable y agricultor-profesional.
También ha sido coherente dicha estrategia con el hecho
de que gran parte de los factores que incidían en la
renta de los agricultores (precios de garantía y ayudas
públicas de diversa naturaleza) era determinada en
instituciones pertenecientes al ámbito de la administración
pública en sus distintos niveles (nacional y europeo),
lo que hacía que las OPAs entendieran como eficaz una
estrategia destinada a influir en dichas instituciones. Esta
especialización de las acciones colectivas en el ámbito
de las instituciones públicas implicó que se
convirtiera en modelo organizativo dominante un modelo multisectorial
y centralizado en una cúpula de dirigentes especializados
en participar como interlocutores en las dinámicas
de concertación con los poderes públicos. Este
modelo actuaba, en muchos casos, como una especie de superestructura
ideológica, en la que sus dirigentes respondían
más al perfil de dirigente político, que al
de líder sindical, y en la que era frecuente que se
produjera una separación importante entre el nivel
superior de la organización, eficazmente articulado,
y sus niveles territoriales de base.
Sin embargo, a la hora de abordar el análisis
del contexto actual, es importante señalar que los
procesos de acción colectiva son procesos dinámicos
que cambian como resultado de los cambios experimentados en
el entorno donde los individuos y grupos emprenden sus acciones.
individuales y colectivas. En el caso de los agricultores
en los países industrializados, el contexto en que
se desarrollan sus procesos de acción colectiva está
cambiando como consecuencia del nuevo papel asignado a la
agricultura y de las nuevas orientaciones que guían
la política agraria desde mediados de los años
90 (Grupo de Brugge/Brujas, 1997). Tales cambios están
teniendo importantes efectos diferenciadores en el sector
agrario, que son los típicos efectos de diferenciación
económica y social que acompañan al desarrollo
capitalista y que el mantenimiento de las políticas
proteccionistas había enmascarado su presencia en la
agricultura al retrasar la plena integración de los
agricultores en la economía de mercado. A continuación
se dedicarán unas líneas a analizar ese contexto
de cambios, para estudiar más adelante sus efectos
sobre el sindicalismo agrario.
El contexto de cambios
Como es conocido, se está produciendo
una redefinición del papel de la agricultura en el
conjunto de la economía de los países industrializados,
asignándosele al mundo rural nuevas funciones que van
más allá de las que han sido sus tradicionales
actividades de carácter productivo (de ahí,
el principio de multifuncionalidad que se viene extendiendo
desde hace unos años). Estos cambios no son de ahora,
sino que vienen mostrándose de forma tendencial desde
hace ya un par de décadas, justo desde que se alcanzó
la autosuficiencia alimentaria en estos países y comenzaron
a surgir las primeras contradicciones en el modelo de desarrollo
productivista (excedentes agrícolas, deterioro del
medio ambiente, endeudamiento de los agricultores, diferenciación
entre regiones y entre tipos de agricultura, problemas relacionados
con la seguridad en el consumo de alimentos,...).
Lo que sí puede verse como algo más
reciente, es la repercusión directa que están
teniendo tales cambios en las orientaciones y contenidos de
la intervención estatal en la agricultura, de modo
que estamos asistiendo a un auténtico proceso de reforma
de los mecanismos de protección de que habían
disfrutado hasta prácticamente hoy día los agricultores,
y de los instrumentos utilizados por el poder público
para regular el sector agrario (Delorme y Le Theule, 1996;
Daugbjerg, 1997b, Grant y Keeler, eds, 2000).
Este proceso de reforma de la política
agraria, que no es sólo característico de la
Unión Europea, sino que afecta también a otros
países industrializados, está siendo acelerado
por un conjunto de factores que podríamos situar como
externos al propio sector. En primer lugar, por las exigencias
del contexto internacional, expresadas, primero, en la Ronda
de Uruguay del GATT, concluida en 1996 en Marrakech, y más
tarde en la OMC (Organización Mundial del Comercio),
para la liberalización del comercio internacional (Alvarez
Coque, 2001).
Junto a lo anterior, la necesidad de construir
un nuevo orden económico internacional que regule sobre
nuevas bases las relaciones Norte-Sur y permita la modernización
de las economías fundamentalmente agrarias de los países
en vías de desarrollo, está obligando a los
gobiernos de los países industrializados a reducir
los mecanismos de protección de sus agriculturas para
evitar que los excedentes generados por ellas presionen a
la baja los mercados internacionales de productos agrícolas.
En este sentido, el compromiso contraido por la Unión
Europea en la conferencia de Barcelona (1996) sobre el Partenariado
Euromediterráneo, de crear una zona de libre cambio
en la cuenca mediterránea, significa un nuevo escenario
que afectará a los mercados agrícolas europeos,
principalmente a los de los países meridionales (Desrues
y Moyano, 1999).
En segundo lugar, la reforma de la política
agraria en los países de la Unión Europea está
siendo acelerada también por la necesidad de avanzar
en el proceso de construcción europea, en dos sentidos.
Por un lado, en el sentido de la ampliación a los países
del Este (PECOs), que como se sabe son países con un
sector agrario numeroso y poco modernizado, que exigirá
grandes recursos en materia de políticas estructurales
(Grupo de Brugge/Brujas, 20001): la reforma emprendida en
1992 y luego continuada en el marco de la Agenda 2000, va
precisamente en la dirección de reorientar el gasto
agrícola para asumir los costes de la ampliación
a los PECOs. Y por otro lado, en el sentido de la incorporación
de nuevas políticas al marco comunitario, sobre todo
por la vía de la coordinación de políticas
nacionales (investigación, telecomunicaciones, medio
ambiente); tal incorporación supone la emergencia de
nuevas policy communities que compiten con la comunidad agraria
por los recursos europeos, y que le imponen restricciones
para el uso agrícola de los espacios rurales.
En tercer lugar, habría que mencionar la creciente
influencia de nuevos grupos de interés (consumidores,
industriales, ecologistas,...) en la opinión pública
y en la propia comunidad científica que, sobre la base
de valores postmaterialistas (Inglehart, 1996), reivindican
un nuevo sistema de regulación de la agricultura y
el espacio rural, que prime más la calidad que la cantidad
y que no tenga los efectos perniciosos sobre el medio ambiente
y la seguridad de los alimentos que tienen los modelos basados
en el productivismo a ultranza . La emergencia de nuevos actores
económicos y socioprofesionales en el medio rural (ligados
a nuevos sectores de actividad) constituye también
un importante elemento de cambio por cuanto que socavan el
protagonismo de los agricultores y sus organizaciones a la
hora de definir el uso de los espacios rurales (Entrena, 1998;
García Sanz, 1998; Giménez Guerrero, 1998);
de hecho, en muchas comunidades rurales, los agricultores
se han convertido en una minoría entre otras, y las
élites agrarias han perdido la capacidad de influencia
que les había caracterizado durante muchas décadas
(Hervieu, 1997). A ello habría que añadir la
diferenciación interna que se ha producido en el seno
de la agricultural policy community (Daugbjerg, 1997b) como
consecuencia de los cambios experimentados en los modelos
dominantes de agricultura; de hecho, una vez sustituido el
paradigma de la modernización productivista por el
del desarrollo sostenible, se hacen funcionales modelos de
agricultura que antaño eran condenados a la marginalidad,
lo que ha significado una explosión de pluralidad en
el seno del propio sector agrario y la asunción de
protagonismo por parte de grupos de agricultores que representan
esas otras formas de hacer agricultura (pluriactivos, agricultores
a tiempo parcial, agricultores ecológicos, pequeña
agricultura no modernizada,…) y grupos que reciben ahora
un reconocimiento social y político dentro del discurso
de la multifuncionalidad .
En cuarto lugar, por último, cabría
mencionar como otro importante elemento de cambio -tal vez
el de mayor envergadura por sus implicaciones a medio y largo
plazo- el que deriva de la crisis del Estado del Bienestar
que experimentan los países europeos occidentales y
que está obligando a revisar muchos de los principios
que han inspirado las políticas públicas, entre
ellas los relativos a la política agraria y el desarrollo
rural. Los problemas del déficit público y,
sobre todo, del desempleo, pero también los relacionados
con el deterioro del medio ambiente y la seguridad en el consumo
de alimentos, se convierten en elementos a tener en cuenta
en la necesaria reformulación de las distintas políticas
públicas, entre ellas la reforma de la PAC (Grupo de
Brugge/Brujas, 1997; Moyano, 2000).
Para los objetivos de este trabajo, me interesa
destacar del contexto esbozado más arriba cómo
los cambios experimentados en el papel tradicional de la agricultura
y las nuevas orientaciones de la política agraria,
están modificando también los discursos ideológicos
de las organizaciones agrarias, así como sus modelos
organizativos y estrategias de acción colectiva, obligándolas
a adaptarse a esta nueva situación. Es precisamente
sobre estos efectos sobre los que se centra el próximo
apartado tomando como referencia el entorno del sindicalismo
agrario de los países que componen la UE. Dado el carácter
macro de esta aproximación, las reflexiones que aquí
se presentan son resultado de un ejercicio intencionadamente
de síntesis para superar la gran diversidad de las
situaciones nacionales.
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